Las acciones para frenar la polémica licitación del litio que impulsa el gobierno no se detienen. El Gobierno Regional de Atacama, representado por el gobernador Miguel Vargas, presentó este lunes un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó en contra el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, y el subsecretario de la cartera, Edgar Blanco, para suspender y paralizar la adjudicación de la licitación.
Además, se solicitó a la Corte de Apelaciones de Copiapó que se decrete orden de no innovar para suspender provisionalmente el proceso de selección y adjudicación de los oferentes, establecidos en el Acta de Apertura de la Oferta Económica de licitación pública para la suscripción de un contrato de operación para la exploración y explotación y beneficio de yacimiento de litio, mientras se resuelve el recurso.
Entre los argumentos planteados están la vulneración de garantías constitucionales tales como la igualdad ante la ley al omitir administrativamente las competencias del Gobierno Regional de Atacama y su comunidad dado el directo impacto sobre el territorio de Atacama, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, dado los efectos que puede generar la explotación de estos yacimientos en la región.
A esto se suma el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Esto, ya que el Salar de Maricunga y Ojos del Salado han sido declaradas como zonas de interés turísticos, ZOIT, protegidas como zonas turísticas, de alto valor paisajístico con recursos naturales y ecosistemas de altura y cordillera entre los que destacan lagunas y salares, por lo que el área económica turística se verá gravemente perjudicada si estos contratos llegan a adjudicarse.
En un comunicado, el gobernador de Atacama manifestó que "el litio sólo será una alternativa real de desarrollo para el país y sus regiones en la medida que se considere la opinión de todos y todas". Según agregó, este recurso "está reconocido en nuestra Constitución como un producto estratégico, que es de propiedad de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, cualquier definición asociada a este producto y dada esa condición, lo que requiere es un gran consenso".
A juicio de la autoridad, lo que hay en esta licitación que inició la actual administración es precisamente una falta de consenso, porque "lo que ha pedido el gobierno electo es que esta discusión se retrase, que no se anticipe en decisiones porque aquí está en juego una alternativa real de desarrollo innovador, con investigación para las regiones y el país".
"Lo que estamos haciendo en este momento es presentar un recurso de protección, porque a juicio del Gobierno Regional de Atacama se vulneran algunas garantías constitucionales, específicamente las que tienen que ver con la igualdad ante la ley. En estas definiciones no se ha considerado la opinión del Gobierno Regional ni de la comunidad regional", enfatizó.
En el escrito se consigna que Marcia Casanova, presidenta de una comunidad colla Tata Inti e integrante del Consejo Nacional del Pueblo Colla y el Consejo Regional de la Sociedad Civil como representante de pueblo originario, sostuvo que "lo que está pasando hoy es un acto discriminatorio de alguna manera".
"Nosotros no hemos contado con la consulta indígena y se está faltando al convenio 169. Tenemos un impacto directo en zonas que están habitadas por el pueblo colla que verá de alguna manera afectadas, no tan solamente en el tema turístico, sino que nuestro territorio. Nosotros somos protectores de nuestra Pachamama, y por lo tanto, estamos en contra de cualquier tema que se haga en contra de nuestros territorios y en contra de nuestro sistema o nuestra ecología", dijo.
Algunos de los lugares que resultarían afectados, según mencionó la representante del pueblo colla, serían el Salar de Maricunga y el Salar de Pedenales.
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