El sector privado comenzó a reaccionar ayer martes a la aprobación de una norma en la comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional que declara la nulidad de las concesiones mineras, eléctricas y forestales que se emplacen en territorios indígenas.
Ahora, dicha propuesta deberá ser analizada en particular en la comisión para luego, en caso de ser aprobada, ser votada en el Pleno de la Convención.
La primera entidad empresarial en reaccionar fue la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), cuyo presidente Diego Hernández criticó la norma, señalando que va en contra de la certeza jurídica para el sector.
"Junto con reconocer que lo que se aprobó requiere aún de indicaciones y análisis en particular y de ser vista por la Convención en pleno, creemos que lo aprobado por la comisión respectiva es una mala señal y no contribuye en nada a generar el clima de certeza jurídica que necesita la industria minera. Es la certeza la que ha permitido que la minería sea lo exitosa que ha sido hasta ahora en términos económicos y sociales", aseguró el extimonel de Codelco.
A su vez, Hernández advirtió que de aprobarse la norma se provocaría un aumento en la judicialización de los proyectos.
"No existe catastro de cuáles son las concesiones que se verían afectadas ni cómo sería impactado el país con esta decisión abriendo la puerta a interminables juicios que en nada van a beneficiar al país y a su desarrollo", lanzó el timonel gremial.
A su vez, agregó que dicha medida puede implicar que las comunidades abran procesos de negociación con las mineras afectadas, "para obtener algún beneficio económico".
"Ello es contrario a la legítima pretensión de las empresas de poder realizar sus actividades en un marco de seguridad jurídica y de los pueblos ancestrales de recuperar sus tierras en beneficio de sus comunidades", cerró el ejecutivo.
Por su parte, el presidente del Corporación Chilena de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, aseguró que la temática en torno a los pueblos originarios "sin duda" es de "suma importancia" en el proceso constitucional.
"Por ello, estamos atentos a la discusión e interesados en colaborar con la Convención y hemos hecho llegar nuestras propuestas a las comisiones respectivas", continuó.
"Por ello, la iniciativa que fue votada hoy, siendo muy relevante, esperamos que pueda ser mejorada de manera sustantiva en la discusión futura con participación de todos los actores antes de su ingreso al plenario", señaló el directivo.
En esta línea, planteó que es "básico y relevante" para otorgar certeza jurídica que se identifique "de manera clara y precisa" quiénes son los beneficiarios partícipes del proceso, que se "exijan" los antecedentes necesarios.
"Porque si partimos de un vacío o una incerteza, toda esta conversación puede llegar a ser insalvable", manifestó, mostrando su disposición a un diálogo con las contrapartes de los pueblos originarios
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