Varios meses de una silenciosa disputa se han dado en torno a la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta del 26 de diciembre que, en un fallo unánime, acogió parte de la reclamación de las comunidades indígenas atacameñas y dejó sin efecto el plan de cumplimiento para evitar sanciones que fue aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente a SQM por su operación en el Salar de Atacama.
La SMA había abierto un proceso sancionatorio en noviembre de 2016 luego de detectar seis infracciones, principalmente, relacionadas a la extracción de salmuera fresca por sobre lo autorizado. Tras un proceso, en enero de 2019 se aprobó un plan para evitar la multa, que incluía una serie de medidas por un costo equivalente a US$ 25 millones.
Sin embargo, a fines del año pasado el Tribunal Ambiental de Antofagasta acogió un reclamo presentado por comunidades indígenas atacameñas de Peine, Camar y la Asociación Indigena Consejo de Pueblos Atacameños, dejando sin efecto la resolución del organismo fiscalizador que aprobaba el programa de cumplimiento, tomando en consideración, "entre otras circunstancias, la especial condición de fragilidad que presenta actualmente el Salar de Atacama desde un punto de vista ecosistémico y el elevado nivel de incerteza científica existente respecto de su comportamiento hidrodinámico".
En un escrito de cuatro páginas presentado el 22 de junio en la sede judicial, el abogado de la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, Juan Carlos Cayo, solicitó la ejecución de la sentencia, ya que -según argumenta- ésta no se ha cumplido y el órgano fiscalizador no ha realizado la reapertura del procedimiento sancionatorio.
Según explica, sólo el 4 de mayo la SMA le requirió a SQM Salar información sobre el desempeño del plan de cumplimiento antes aprobado, respuesta que según el expediente electrónico aún no estaba disponible. El 2 de junio –relata Cayo- SQM Salar presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) denominado "Actualización Plan de Alerta Temprana y Seguimiento Ambiental Salar de Atacama", lo que a su juicio está directamente relacionado con la formulación de cargos efectuada por la SMA.
Frente a la solicitud, el Primer Tribunal de Antofagasta resolvió ordenar a la SMA que le informe dentro de cinco días el estado de cumplimiento de la sentencia dictada en diciembre.
El camino para llegar a la Suprema
Sin embargo, el expediente da cuenta de una disputa para que la sentencia de diciembre sea analizada por la máxima instancia de justicia del país, algo que actualmente está en trámite.
El 10 de febrero, la Corte Suprema acogió una queja contra el Tribunal Ambiental de Antofagasta, para que éste deje sin efecto dos resoluciones de enero que habían determinado la inadmisibilidad del recurso de casación en la forma y el fondo interpuestos por la SMA.
Esto, porque en un fallo dividido la sede judicial había declarado como extemporáneo el recurso presentado por la SMA el 14 de enero. Aunque la superintendencia pidió que se revisara esta decisión, se volvió a negar esta posibilidad. Esto la motivó a ir a la Suprema, que finalmente le dio la razón.
La casación interpuesta por la empresa el mismo 14 de enero sí fue acogida a trámite por el Tribunal Ambiental de Antofagasta. Recién el 4 de junio, la Tercera Sala de la Suprema, a cargo del proceso, dictaminó que "tráiganse los autos en relación para conocer de los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos en la presentación de fecha 14 de enero de 2020 de fojas 768 y siguientes".
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