En una audiencia que se extendió por más de dos horas, la minera Cerro Colorado -firma propiedad de BHP, en la región de Tarapacá- jugó ayer sus últimas cartas para que el Primer Tribunal Ambiental revierta la medida cautelar decretada el 19 de agosto, donde se le prohíbe extraer agua del acuífero de Lagunillas desde el 1 de octubre y por 90 días, lo que en la práctica podría llevarla a paralizar su funcionamiento. Esto, en el marco de una demanda presentada por Luis Jara Alarcón, propietario de la Estancia de Cancosa, la que apunta al daño ambiental que la empresa habría provocado.
En los alegatos se dio un fuerte cruce de posiciones, incluso abordando la propuesta presentada (en una Adenda) el viernes por la compañía en el marco del trámite ambiental para lograr una extensión en sus permisos, hasta 2023.
Por el demandante, el abogado Ladislao Álex Quevedo, pidió mantener la medida decretada, asegurando que existen “antecedentes graves y serios” de la casi destrucción total del acuífero Lagunillas. Según argumentó, desde abril de 2018 no existe ningún control de cuáles son los niveles del acuífero en el humedal y se han omitido los monitoreos exigidos por la autoridad.
También acusó que la minera se defiende diciendo que no saca tanta agua desde el año pasado, cuando la está extrayendo desde otro lugar: “La empresa no ha dejado de consumir el agua que consumía. El agua ahora la están sacando desde el rajo de la mina, pero la firma no ha dejado de consumir el agua”.
José Luis Fuenzalida, abogado de la minera, recalcó que no concurren los elementos esenciales e inherentes de toda medida cautelar. Apoyado de unas láminas que exhibió ante el Tribunal, sostuvo que no se está en presencia de irrecuperabilidad como apuntó su contraparte: “Se está analizando el tiempo de recuperación, volviendo a la condición base, pero en ningún momento su señoría a partir de estas imágenes puede constatar una irrecuperabilidad”.
En esa línea, el abogado cuestionó directamente la legitimidad activa del demandante, ya que la acción de reparación de daño ambiental involucra sufrir un perjuicio. Fuenzalida puntualizó -por ejemplo- que el actor no tiene posesión material en el entorno. “En los últimos años, ha deducido más del orden de 20 acciones, entre judiciales y administrativas, con el único propósito que la operación de Cerro Colorado se haga derechamente imposible, excesivamente gravosa con miras a mejorar su posición de negociación con pretensiones indemnizatorias del orden de hasta US$ 32 millones”, indicó.
Las dudas de los ministros
Las preguntas por parte de los ministros del tribunal fueron diversas para las partes involucradas y apuntaron principalmente a las que se medidas contempladan en el trámite de los permisos ambientales que corren en paralelo.
El ministro Juan Opazo tomó -por ejemplo- el cuestionamiento de la minera sobre la legitimidad activa del demandante, donde Quevedo dijo que Jara es un co-propietario inscrito y que defiende su bien.
También se consultó por la demora de ocho meses por parte de la minera para volver a la tramitación de la autorización ambiental. Fuenzalida apuntó a poner los elementos en contexto. “Este es el primer caso en Chile donde se evalúa el cambio climático de una manera orgánica y sistemática”, dijo y agregó que, para dar cuenta de que no tienen un afán elusorio, se hicieron “todos los esfuerzos y se presentó la Adenda el viernes”.
El presidente del Tribunal, Mauricio Oviedo, también apuntó a la interpretación de la parte demandante que habría una ejecución de proyecto sin permiso ambiental (RCA) y consultó si habían denuncias. Al respecto, Quevedo constató que hubo contacto con la Superindencia del Medio Ambiente.
Al cierre de esta edición, se esperaba que los ministros tomaran una decisión respecto a la medida cautelar, lo que se conocería la mañana de este miércoles.
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