Tal como advirtieron, pescadores y comunidades de La Higuera volvieron a la carga contra el proyecto minero-portuario Dominga luego de que hace aproximadamente un mes el Primer Tribunal Ambiental decidiera -por unanimidad- acoger la reclamación interpuesta por la empresa Andes Iron en contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) por el rechazo de la iniciativa.
Así, la sentencia anuló la resolución del Comité de Ministros y de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Coquimbo que calificó de manera desfavorable el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, ordenando retrotraerlo a la etapa de votación por parte de esta última instancia.
A través de un comunicado, se informó este jueves que los abogados de distintas asociaciones de pescadores, organizaciones locales y de la Alianza Humboldt presentaron recursos de casación para que sea la Corte Suprema la instancia que dirima el futuro de la iniciativa que implica inversiones por el orden de US$ 2.500 millones.
Esto, según explicaron, para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta que ordenó que el proyecto vuelva a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.
El abogado de la ONG FIMA, Diego Lillo, quien representa a miembros de la Asociación Gremial de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, afirmó que con este recurso sus representados buscan "demostrar que el Comité de Ministros no cometió ilegalidad al rechazar al proyecto, y probar nuevamente que Dominga adoleció de información esencial y no pudo satisfacer medidas de mitigación y compensación para los grandes impactos que el proyecto tendría".
Asimismo, en el escrito se señala que la presentación de los recursos de casación busca invalidar la sentencia del Tribunal Ambiental de Antofagasta por no ceñirse estrictamente a revisar si la evaluación ambiental del proyecto se había hecho o no de forma correcta, como lo había ordenado la Corte Suprema en septiembre de 2019.
"El Tribunal Ambiental confundió su función de revisar la legalidad de la actuación del Comité de Ministros que rechazó el proyecto con una atribución que no tiene de realizar una evaluación ambiental alternativa de Dominga", aseguró Lillo, agregando que "nunca demostró que la instancia ministerial haya resuelto en forma contraria a derecho".
Según se recordó en el escrito, en 2017, tanto la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo como el Comité de Ministros, definieron el rechazo del proyecto minero portuario Dominga, argumentando que éste presentaba una deficiente línea de base del medio marino, subestimaba su área de influencia y no caracterizaba las rutas de navegación, falencias técnicas de profundo riesgo para uno de los ecosistemas marinos más biodiversos de toda la corriente de Humboldt. Frente a esos rechazos, Andes Iron apeló y judicializó el caso.
Dentro de las próximas semanas, los abogados esperan que la Corte Suprema admita los recursos de casación para que posteriormente se efectúen los alegatos.
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