Otro capítulo se abre para Minera Cerro Colorado, faena propiedad de BHP, ante el Primer Tribunal Ambiental. Si bien los ministros están estudiando si levantar o no la medida cautelar que decretó la instancia a partir de una demanda por daño ambiental, la que prohíbe la extracción de agua en el acuífero de Lagunillas desde el 1 de octubre y por 90 días, el demandante volvió a la carga.
Este último, Luis Jara Alarcón, copropietario del predio denominado Estancia Cancosa, dentro de cuyos límites está el Salar de Lagunillas, presentó una demanda ejecutiva solicitando al Tribunal hacer valer los fallos respecto a la evaluación ambiental del proyecto de continuidad operacional de Minera Cerro Colorado.
Es decir, busca hacer valer la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental y de la Corte Suprema, respecto de este proyecto. Y, por otra, que se ordene a la empresa no proseguir con la extracción de aguas del bofedal lagunillas mientras no se haya finalizado el procedimiento de evaluación ambiental y la empresa obtenga la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Según explican desde el Primer Tribunal, se trata de una demanda de ejecución del fallo que tiene relación con lo que se denomina en términos jurídicos como "obligación de hacer", porque se le pide a la instancia judicial con sede en Antofagasta que ordene al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) reabrir el proceso de calificación ambiental y retrotraerlo -tal como lo establece el fallo- al segundo Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA) del proyecto.
También, contempla la "obligación de no hacer", ya que se solicita al Tribunal que ordene a la empresa la prohibición de extraer agua hasta que se obtenga la evaluación ambiental favorable del proyecto.
La causa contra el proyecto de continuidad operacional fue interpuesta el 2017 en el Segundo Tribunal Ambiental, también por Jara Alarcón, para dejar sin efecto la calificación ambiental del proyecto.
Fue este mismo Tribunal el que en su sentencia acogió parcialmente la reclamación del demandante, ya que anuló la (RCA) en la parte que consideró estaba viciada y ordenó retrotraer la evaluación. Lo anterior, según se argumentó, porque se observó que no se resguardaban los componentes ambientales relativos al acuífero y bofedal de Pampa Lagunillas por la extracción de agua de la faena minera.
La sentencia fue impugnada ante la Corte Suprema por el SEA y la empresa a través de recursos de casación de forma y fondo. Sin embargo, el máximo tribunal no acogió los recursos y determinó que, no solo se debía considerar lo establecido por el Tribunal Ambiental de Santiago, sino también que el organismo evaluador lleve adelante un proceso de consulta indígena.
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