Después de 37 días de huelga legal, la compañía Axinntus Huasco logró desactivar el conflicto con sus trabajadores, tras llegar a acuerdo con los sindicatos 1 y 2, que representan a 180 personas.
El primer grupo fue el último en firmar la oferta que llegó de la sociedad ligada a Ultramar, ya que nueve días antes sus compañeros de la segunda asociación lo habían hecho.
De acuerdo a la firma ligada a los Von Appen, "tras una serie de negociaciones, la empresa y los dirigentes sellaron un acuerdo que beneficia a los colaboradores y que también vela por los clientes de la compañía y el desarrollo sostenible de sus funciones en el futuro".
La última carta-oferta la recibió este miércoles el presidente del sindicato 1, Patricio Toro, cuya propuesta mejoró "sustancialmente" el bono de término de conflicto, cifra que guardó reserva. Esta modificación por parte de la empresa gatilló una votación que terminó aprobando la moción, porque "era muy similar a lo que nosotros pedíamos".
"Se aumentó el bono de vacaciones, se ganó un feriado más -ahora son cinco- que se pagará al 100%, además de elementos de seguridad para la protección de los trabajadores", comentó Toro.
Aunque Axinntus presta servicios a la central Guacolda de AES Gener, la paralización tuvo efectos en su vecina CAP, la que anunció a principios de febrero la paralización total de la operación de la Planta de Pellets en Huasco y de Puerto Guacolda II pertenecientes a su filial, Compañía Minera del Pacífico (CMP), y de Puerto Las Losas. Esta empresa ya comenzó el proceso de normalización, por lo que se espera que en los próximos esté al 100%.
Origen del conflicto
El conflicto se dio en el marco de la negociación colectiva de los trabajadores que partió en noviembre, pero que escaló a principios de 2021 con el desencuentro entre las partes. El 10 de enero se habría votado la huelga y dos días después se levantó un bloqueo en el camino público que sirve de acceso al sector de la Planta de Pellets, Puerto Guacolda II y Puerto Las Losas, impidiendo el libre tránsito de colaboradores que no tenían relación con la polémica.
Durante esas semanas, CMP y sus contratistas se habrían visto gravemente afectados, teniendo que paralizar por fuerza mayor sus operaciones en la zona. Ello llevó también a la suspensión de contratos de las empresas colaboradoras de Compañía Minera, que implicaron un número cercano a los 800 trabajadores.
Toro dijo que en "ningún momento" hubo intentos de afectar a las demás operaciones. "Es cierto que nos tomamos la carretera, pero siempre dejamos pasar a las personas de CAP o PLL.
Respetamos todos los protocolos Covid; llegábamos a las 5:00 y nos íbamos a las 21:45, y los fines de semana hacíamos cuarentena en nuestras casas".
Incluso, pese a no tener injerencia en el conflicto, CMP habría realizado gestiones para evitar la paralización de sus operaciones. Un factor que metió presión a los trabajadores fue un recurso de protección que interpusieron la CAP y AES Gener para dejaran de bloquear las carreteras.
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