La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio con la formulación de un cargo contra la Codelco, titular del proyecto “Fundición Potrerillos”, ubicado en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.
Según explicó el organismo fiscalizador, la cuprera estatal no implementó un sistema de monitoreo continuo para medir dióxido de azufre (SO2) en las plantas de ácido.
Como la instalación se encuentra regulada por el Decreto Supremo N°28, de 2013 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que establece norma de emisión para fundiciones de cobre y otras fuentes emisoras de arsénico y como tal debe medir dióxido de azufre (SO2) en las plantas de ácido, se debe implementar un sistema de monitoreo continuo.
Según la normativa, los datos que se obtengan del monitoreo continuo deberán estar en línea con los sistemas de información de la SMA, así como de las exigencias asociadas a las instrucciones de carácter general dictadas por la entidad fiscalizadora, donde se establecen los requisitos técnicos y los plazos para la implementación de la conexión en línea para aquellos titulares de Unidades Fiscalizables que tengan la obligación de instalar sistema de monitoreo continuo, en función al cumplimiento de lo dispuesto en un instrumento de carácter ambiental, indicó la SMA.
Incumplimiento grave
"A partir de todos estos antecedentes, y luego del análisis legal, la Superintendencia del Medio Ambiente imputó un incumplimiento por parte del titular, y que fue clasificado como grave", dijo la entidad.
"La infracción que se sustenta porque la empresa no tiene implementado el sistema de monitoreo continuo para el parámetro SO2 y para las variables operacionales flujo de gases procesado, estado de sopladores y producción de ácido sulfúrico, ya que no se encuentra con una conexión en línea operativa con los sistemas de la SMA", precisó.
Por estas infracciones graves, Codelco se expone a una multa de hasta 5 mil UTA, junto con la revocación de la RCA o clausura. En este caso la empresa, arriesga una multa de hasta 5 mil UTA, equivalentes a $ 3.997 millones.
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Valeria Ibarra
