Aunque el proyecto de protección de glaciares prometía tener un trámite expedito en la comisión de Minería y Energía del Senado, esperándose su votación para fines de octubre, la semana pasada se suspendió la sesión, caldeando aún más los ánimos en el Congreso.
Con ese telón de fondo, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, envió una carta al titular de la comisión de Minería y Energía del Senado, Rafael Prohens, para manifestar la "creciente preocupación" de la industria por el tenor que ha tomado la discusión del proyecto.
En la misiva, compartida también al resto de los integrantes de la comisión, el timonel del gremio minero precisó que el sector participa de la preocupación por la protección de los glaciares, "pero con la misma convicción debemos señalar que no compartimos el contenido actual del proyecto de ley y que lo consideramos contrario a los intereses de nuestro país".
Hernández señala que la iniciativa establece prohibiciones generales para la realización de actividades productivas en -o cercanas a- zonas que pudieren ser calificadas como glaciares, ambiente periglaciar o permafrost (suelo congelado), "tratando genéricamente y de una misma manera a todas esas crioformas, las que tienen características, relevancia y una función ecosistémica totalmente diversas".
"Incluso el proyecto de ley se encarga de prohibir -también genéricamente- toda actividad minera en ambientes periglaciares, sin atender a la ubicación o condiciones particulares del mismo ni a la actividad que se busca realizar", agrega.
En el documento, el gremio señala que esto en sí les parece inadecuado y generará un impacto negativo y totalmente innecesario al desarrollo del país, "al prohibir ex ante y sin una adecuada evaluación actividades que son perfectamente compatibles con la preservación del medioambiente".
"Más preocupante aún es la intención de dar un efecto retroactivo a estas nuevas disposiciones", sostuvo Hernández.
Además, mencionó un informe elaborado por la Comisión de Glaciares del Instituto de Ingenieros de Chile, en el que señala que "en el debate público sobre esta materia ha habido mitos e incorrecciones y por lo mismo resulta fundamental que la discusión que se realice en el Congreso tenga en debida consideración los diversos antecedentes científicos que existen, tanto en nuestro país como a nivel internacional".
"Éstos, de manera concluyente, señalan que lo correcto es considerar cada situación según sus propias particularidades ambientales y técnicas y que por consiguiente, cada proyecto debería someterse a una adecuada evaluación técnico-ambiental que considere las características del proyecto mismo y las funciones ecosistémicas e importancia de cada crioforma, a fin de compatibilizar el crecimiento del país y la preservación ambiental", dice.
En esa línea, añade que, como lo plantea el Instituto de Ingenieros, la normativa actual del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) "contempla una protección compleja y suficiente", sin perjuicio del fortalecimiento que se puede hacer de la misma".
Agrega que una política de protección de los glaciares que responda al interés público "debiera evaluar caso a caso los impactos de los proyectos y no establecer prohibiciones absolutas que impidan a priori su realización y afecten el desarrollo futuro de esta importante actividad productiva".
El presidente de Sonami afirma que la manera como se ha abordado la discusión sobre esta materia ha generado diversas incertidumbres en la industria y, por lo mismo, "nos permitimos hacer un nuevo llamado a que se considere el conocimiento científico existente y sobre él se construya un pronto consenso legislativo, que permita despejar tales incertidumbres y elaborar la mejor ley posible para nuestro país, que compatibilice adecuadamente el desarrollo de nuestra riqueza minera y la preservación de nuestra riqueza ambiental. La minería y la protección de los glaciares son compatibles".
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