A finales de mes se espera que en la Superintendencia de Sociedades de Colombia haya más de 100 empresas que inicien su proceso de reorganización y liquidación. Muchas de ellas tienen algo en común, y es que la pausa en sus actividades por las medidas preventivas contra el Covid-19, llevaron a que más de 85% de sus ingresos se congelaran.
Entre los casos más representativos de esa situación está el de Avianca, aerolínea que ya completa casi un mes desde que se acogió a la ley de quiebras de Estados Unidos. Por lo que, para muchos, una de las soluciones es que el propio Estado pueda invertir en ella para salvarla.
Por eso llama la atención que en los últimos días de la Emergencia Económica se publicara el Decreto 811, el cual "dicta medidas para la inversión y enajenación" por parte del Estado. Allí, el primer punto es que el Gobierno tiene luz verde para que inyecte capital en empresas perjudicadas por la crisis.
Precisamente, Juan Diego Martínez, socio de la firma Serrano Martínez en Colombia, especificó que sí es una puerta para que el Estado entre como accionista a empresas que sufrieron alto impacto como Avianca, porque "le va a permitir otorgar financiamiento, vía capitalización a empresas de impacto nacional, asegurando que, cuando los efectos de la emergencia terminen, la Nación podrá liquidar su inversión".
En caso de que el Gobierno decida invertir recursos no solo en Avianca, sino en otra empresa de alto impacto nacional en crisis, esas compañías deberán seguir siendo responsables de sus "obligaciones laborales, tributarias, pensionales, o de cualquier naturaleza, sin que la Nación sea responsable por cualquiera de estas", dice el Decreto.
No será compra permanente
Si bien este decreto faculta al Gobierno para que según el impacto de una empresa en la economía, sea capitalizada, también hace la precisión de que no se trata de una inversión a largo plazo.
Si se toma de nuevo el ejemplo de Avianca, el Estado podría invertir en ella, pero "podrá exigir que sus accionistas o propietarios privados garanticen que comprarán la participación del Estado dentro de un plazo determinado, o que pondrán a la venta, en conjunto con las acciones de la Nación", dice el Decreto.
Lo anterior se traduce, en que, en efecto, se trata de un salvamento temporal. Invertir en la crisis, pero recuperar ese capital una vez se haya superado el problema inicial.
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