La Comisión Europea empezó a estudiar este jueves si las grandes tecnológicas como Netflix, YouTube o Amazon deben contribuir a financiar las inversiones necesarias en el despliegue de las redes de internet de alta velocidad en la Unión Europea.
Bruselas lanzó hoy una consulta pública hasta el próximo 19 de mayo para recabar la opinión de los actores económicos respecto a si "necesitamos repensar quién debe contribuir" a "las inversiones necesarias" para extender las rede 5G y 6G, capaces de transportar el amplio volumen de datos de la economía digital, dijeron fuentes comunitarias.
Los operadores de telecomunicaciones llevan tiempo reclamando que las grandes empresas tecnológicas contribuyan a financiar el despliegue de las redes, ya que consideran que si han logrado controlar su actual cuota de mercado es gracias a las inversiones que se hicieron durante los primeros años de internet.
Una vez concluya el plazo de la consulta, el Ejecutivo comunitario discutirá cuáles deben ser "las siguientes medidas" que se deben adoptar, continuaron las fuentes, que señalaron que la cuestión de la "justa contribución" es compleja.
La Comisión evita por ahora concretar qué fórmula podría adoptarse para que los gigantes de internet financien parte de las inversiones que se necesitan de aquí a 2030, alegando, además, que la consulta pública es "muy amplia".
Su objetivo es "tener en cuenta todos los cambios que se están produciendo en el mercado y su impacto en el futuro del sector de las comunicaciones electrónicas".
Bruselas quiere "entender los desarrollos tecnológicos" del mercado, "escuchando a diversos actores, no solo a los operadores de telecomunicaciones" y ver "cómo puede afectar a sus modelos de negocio".
También se analizará el impacto de estos cambios en los consumidores y, en general, si existen barreras que impiden el desarrollo del mercado único.
Mientras tanto, el Ejecutivo comunitario propuso hoy una nueva directiva para reducir los costes de las inversiones.
La propuesta pretende rebajar los costes burocráticos para el despliegue de las redes, rebajando el plazo de la respuesta que los operadores deben obtener de las administraciones públicas.
También se quiere facilitar la posibilidad de que los operadores reutilicen infraestructuras públicas ya construidas, tales como conductos, mástiles o tejados para poder instalar las infraestructuras de la red.
La normativa obligará a que los nuevos edificios permitan instalar la fibra óptica y pretende además reducir el impacto medioambiental del despliegue de las redes.
Se trata de una revisión de una directiva de 2014 que ahora tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea.
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