Costos de la energía cada día más altos, impacto en otras áreas de la economía y retraso de las inversiones, son algunos de los problemas que ven algunos nuevos entrantes en el área energética. Por ello, piden una agenda más ágil que permita eliminar dos grandes escollos: la tardanza en aprobación de los proyectos y otorgar mayor certeza jurídica.
“Hay que focalizarse en la reducción del tiempo para acelerar los permisos de generación y transmisión. Segundo, apoyar la seguridad jurídica a las aprobaciones otorgadas para que los proyectos puedan ser desarrollados. También facilitar la entrada de nuevos actores al mercado de energía, dar libre acceso a terminales de GNL y promover instrumentos de mercados para estabilizar ingresos de ERNC”, son las cosas que enumera Antonio Ortúzar, abogado de Baker & McKenzie que representa a varias firmas extranjeras que están llegando y mirando los sectores de energía y minería.
Uno de estos nuevos entrantes es Latin American Power (LAP) -que construye dos centrales hidro en el sur y un parque eólico en la VI Región-, para quienes es “fundamental abordar de manera más sencilla el tema del sistema de evaluación ambiental, para evitar que una vez aprobados los proyectos, éstos se judicialicen y sean revocados por vías legales, con el consiguiente impacto que ocasiona”, dijo Daniel Gallo, director institucional de la firma.
Además, dice el ejecutivo, “creemos que también se debe tener en cuenta un sistema de evaluación de energía que permita a proyectos de menor envergadura ingresar de manera justa en el sistema de despacho”.
Otra firma que debutó en el país el año pasado fue Duke Energy, que compró los activos de generación de Campanario y de CGE. La presidenta para el Cono Sur de la firma dijo hace unas semanas a
Diario Financiero
que “el mayor desafío que vemos (en Chile) es cómo se expande el sistema, dados los temas de opinión pública en torno a la expansión en el sur y en el norte. De todas maneras, creemos que esto se va a solucionar. De una manera u otra, creemos que van a encontrar el camino para que el sistema se siga expandiendo”.
Gallo reconoce el trabajo que lleva adelante el gobierno y los privados por resolver estos temas, aunque pide “darle mayor agilidad y carácter de urgencia a estos temas”.
Ortúzar, en tanto, señala que “hay voluntad política (para resolver los temas), pero hay distintos intereses de los diversos actores y por eso sería conveniente crear “un grupo de trabajo, entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, para lograr tener algo resolutivo dentro del plazo de 120 días. Pero con una obligación de sacar adelante el marco jurídico que permita desarrollar esto”.
Con todo, en el caso de Latin American Power, creen que el país entrega todas las garantías para seguir invirtiendo y desarrollando proyectos. Asimismo, la firma reconoce que existe un atractivo ambiente de comercialización en los mercados regulados y no-regulados, junto con importantes incentivos a las energías renovables.
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