El pasado jueves ingresó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) una demanda en contra de Google en Chile.
La Asociación Ciudadana de Consumidores Informados y Organizados (Accion Consumidores) fue la que demandó a Google argumentando prácticas anticompetitivas exclusorias y explotativas.
La Asociación sostuvo que “durante al menos los últimos 12 años, Google ha abusado de su posición en el referido mercado de sistemas operativos (OS) licenciables para dispositivos móviles -resultado de su control sobre Android- para eliminar la competencia en dos mercados estrechamente relacionados: el mercado de distribución de apps a usuarios de dispositivos Android; y el mercado de servicios de procesamiento de pagos”.
En esa línea, el escrito señaló que la multinacional ha implementado una serie de restricciones a canales alternativos de distribución o descarga de aplicaciones para el celular, además de suscribir contratos que obligan a los fabricantes de dispositivos Android (OEM) a abastecerse únicamente de los productos y servicios de Google.
Según la demanda, las prácticas exclusorias también ocurren con los desarrolladores de aplicaciones, donde las condiciones contractuales les exigen distribuir la totalidad o la mayor parte de sus productos a través de dicha empresa “supradominante”.
“Estas prácticas han tenido el objeto y efecto de excluir a rivales del mercado (...), imposibilitando que dichos canales alternativos a Google Play Store puedan competir de forma efectiva en el mercado de distribución de apps a usuarios de dispositivos Android”, explicó Accion Consumidores en su demanda.
Por otro lado, esta evidenció que los desarrolladores no pueden acceder a la distribución de sus aplicaciones en Google Play Store, si no usan Google Billing, servicio de facturación que permite vender tanto aplicaciones, como contenido dentro de ellas (in-app).
Ante esto, el presidente del directorio de Accion Consumidores, Juan Esteban Cavieres, señaló que “creemos que es importante que en nuestro país se comience a poner un límite a las conductas de Google y de otras transnacionales, de forma similar a lo que está ocurriendo en otras jurisdicciones, como Estados Unidos y la Unión Europea”.
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