El Gobierno argentino y los sindicatos de Aerolíneas
Argentinas pidieron hoy la intervención judicial de la compañía controlada por
el grupo turístico español Marsans, en medio de rumores sobre su
nacionalización.
La solicitud, que en principio apunta al pago de salarios
atrasados, fue presentada ante el juez comercial de Buenos Aires Jorge Sicoli,
quien instruye actuaciones por antiguas reclamaciones de acreedores de la
aerolínea de bandera.
Tras recibir las peticiones, el juez convocó para el próximo
martes a una audiencia entre representantes de Marsans y del Estado argentino,
accionista minoritario de Aerolíneas, en el directorio de la compañía.
El Gobierno había acordado llevar a cabo la presentación
judicial en una reunión realizada este miércoles con los sindicatos, que
prometieron "garantizar la continuidad de los servicios" de la empresa
en los próximos 60 días.
Mientras, los principales diarios de Buenos Aires afirman
hoy que detrás del pedido de intervención está la intención del Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar Aerolíneas Argentinas, cuyo
mayor acreedor es el Estado nacional.
También recogen el malestar de empresarios españoles y el
diario Clarín, el de mayor tirada del país, sostuvo que Fernández "habló
dos veces" con el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
"para amortiguar el impacto" de este asunto, "otro problema en
la relación bilateral".
Aerolíneas Argentinas y su subsidiaria Austral cancelaron o
suspendieron hoy varios vuelos a causa de "razones climáticas" en
referencia a la niebla que afecta a varios aeropuertos, como ha ocurrido en los
últimos días para indignación de cientos de pasajeros.
Pero los sindicatos denuncian desde hace meses que ambas
aerolíneas tienen paralizada buena parte de su flota por falta de repuestos
para su mantenimiento, a lo que se suman deudas y conflictos laborales
latentes.
"Si hay justicia, todos los directivos de Marsans
tendrían que ir presos", declaró a periodistas el líder de la Asociación
de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, tras presentar la petición de
intervención judicial en la compañía.
Subrayó que el sindicato, que reúne al personal de atención
de clientes y despacho de vuelos, ha esperado "durante años" que el
Estado "tenga un rol protagónico en el diseño de una aviación civil como
servicio público estratégico" y para "recuperar Aerolíneas Argentinas
en beneficio" de los trabajadores y la población.
Enrique Frescia, líder de la Asociación de Aeronavegantes
(auxiliares de a bordo), destacó a su vez que los sindicatos han aceptado
"una cláusula de paz por 60 días para bajar el nivel de conflicto" en
la aerolínea de bandera.
Frescia consideró que la privatización de la compañía y sus
subsidiarias en 1991 "fue una operación ruin" que los sindicatos
aeronáuticos no pudieron impedir.
El diario de negocios Ámbito Financiero sostuvo que el
Gobierno de Fernández "va hoy a la justicia para quedarse" con
Aerolíneas y "el argumento oficial" para pedir la intervención se
basa en "los números en rojo" de la compañía, que "llegan ya a
los US$ 300 millones ".
"Ya sea en forma parcial o total, el Gobierno tomó la
determinación de estatizar" Aerolíneas Argentinas, publicó a su vez el
diario El Cronista, que cita fuentes oficiales.
Sostuvo que la nacionalización se llevaría a cabo por medio de
una "capitalización" de la deuda impositiva y por otros conceptos que
la aerolínea mantiene con el Estado, calculada en unos US$ 200 millones.
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