El gerente general de Empresas Banmédica, Fernando Matthews, subió el tono de la discusión que generó entre las isapres el polémico fallo de la Superintendencia de Salud en apoyo a recursos de protección en contra de las alzas aplicadas en los precios de los planes base.
En una dura misiva -a la que tuvo acceso DF-, el alto ejecutivo reveló su “real preocupación” y “molestia” en relación a estos dictámentes de la Intendencia de Fondos, sosteniendo que el criterio utilizado por la autoridad “resulta absolutamente contrario a lo establecido en la ley”.
“Nos reservamos el derecho de recurrir a las instancias judiciales y administrativas para revertir esta situación”.
El punto en cuestión es la posición de la actual administración del regulador en cuanto a considerar que no resulta suficiente que las isapres basen sus propuestas de alza de planes base para el periodo 2022-2023 sobre la variación establecida por la autoridad, en este caso un incremento máximo de 7,6%
Matthews sostiene en su carta que esta norma faculta a las isapres de efectuar ajustes de precios en condiciones que fueron aprobadas no sólo por “la unanimidad de los senadores, sino también de los parlamentarios de la actual coalición de gobierno”.
Por eso es que frente a la posición actual de la Superintendencia de exigir a las isapres incluir una justificación adicional de las alzas no obstante estén alineadas con el parámetro establecido por la autoridad, señaló que esta política implica una discriminación entre los afiliados de una misma compañía, y argumenta que “resulta contrario al propio orden jurídico de la autoridad”.
En el escrito, Fernando Matthews dijo que mantener esta política implicará graves dificultades debido a la falta de certeza para manejar el negocio. A su parecer, la dictación de la sentencia generará en el corto plazo “insostenibilidad financiera” e “inviabilidad” para las instituciones porque “verán seriamente comprometido el pago de sus cuentas, enfrentarán paralización de proyectos de inversión en infraestructura clínica y, eventualmente, tendrán serias dificultades para subsistir y dar servicio a sus pacientes”.
En este marco, advirtió que “nos reservamos el derecho de recurir a las instancias de judiciales y administrativas que correspondan para revertir esta situación”, y agregó que las dos isapres del grupo -Banmédica y Vida Tres- interpondrán acciones legales contra todas las demandas arbitrales de los afiliados que se acojan bajo la sentencia de la autoridad.
Para dimensionar los niveles que ha alcanzado la judicialización por alzas en los planes de isapres este año, en abril se ingresó un total de 160.742 recursos de protección a las Cortes de Apelaciones del país atribuibles principalmente a esta causa.
Frente externo
En otro pasaje de la misiva, Matthews aludió al estatus de Empresas Banmédica como una firma controlada por un inversionista extranjero, en este caso la estadounidense UnitedHealth Group.
“Llama profundamente la atención el mensaje que se está transmitiendo la autoridad al emitir estas sentencias, sobre todo en un momento en que el señor Presidente de la República ha declarado abiertamente en reuniones sostenidas con ejecutivos de nuestra compañía en la ciudad de Los Ángeles, EEUU, su intención de generar confianza en los inversionistas, respetando la institucionalidad vigente”.
En este marco, fuentes revelaron que el SVP International Relations Latam de UnitedHealth Group, Joel Velasco, solicitó una reunión al embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, para manifestar su preocupación sobre la situación de las isapres de la compañía en nuestro país.
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