La medida de la administración de Clínica Las Condes (CLC) de suspender el sistema de agendamiento de consultas y reserva de pabellones o salas de procedimiento a partir de las 00:01 hrs. de ayer a un conjunto de 155 facultativos en reacción al "incumplimiento de la obligación a pagar la renta de arrendamiento de agosto de 2020", generó la inmediata respuesta del Cuerpo Médico de la institución de salud privada.
El comité ejecutivo de esa asociación presentó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una denuncia por desacato en contra de la administración de esta entidad argumentando que ésta última ha "cometido una serie de acciones de amenazas y amedrentamientos que quebrantan e infringen la orden de no innovar (ONI) decretada el 10 de septiembre de 2020" -en el marco del Recurso de Protección que presentaron el mes pasado-, acciones dentro de las cuales sitúan la medida de bloquear las agendas.
Junto con indicar que esa acción implicó que ayer más de 100 médicos no pudieran "atender en sus consultas ni programar nuevas horas, procedimientos o cirugías", el Cuerpo Médico cuestionó en duros términos la gestión de los controladores de CLC, ligados al Grupo Auguri, el family office de Cecilia Karlezi.
"La administración ya ha superado todos los límites. Esto confirma que tiene una visión mercantil de la medicina, que pone en última prioridad la calidad de atención. Esto no es una empresa de retail y los médicos no somos fuerza de venta. Esto es una clínica", aseveró la asociación hablando en representación de 500 facultativos de la institución.
El Cuerpo Médico fundamenta la denuncia por desacato en que la orden de no innovar vigente "suspendió expresamente todos los efectos del actuar de la administración de CLC, la cual pretende imponer unilateralmente un nuevo contrato que no ha sido consensuado, atenta contra los pacientes y genera graves incentivos perversos".
Por el contrario, desde el entorno de la administración de CLC se ha señalado que esa medida dictada la Corte de Apelaciones responde sólo a los actos asociados al recurso de protección interpuesto por el Cuerpo Médico con motivo del cambio de los contratos de alquiler de espacios de atención a partir del 1 de octubre pasado, -medida que está suspendida mientras se resuelve el caso judicial- y no tiene ingerencia en otras materias de la gestión.
Cien médicos pagaron arriendos
En la tarde de ayer, la clínica informó que más de 100 médicos habían pagado el arriendo de agosto atrasado, indicando que esto implicó el "restablecimiento inmediato de los servicios asociados".
"El pago oportuno de los arriendos de infraestructura es una obligación contractual de los médicos y/o sus sociedades médicas, y un requisito para poder utilizar las instalaciones.
Cualquier decisión arbitraria y unilateral de suspensión del pago es responsabilidad del titular del contrato y solo perjudica a la institución y a sus pacientes", indicó la CLC.
En respuesta, el Comité Ejecutivo explicó que recomendó a los miembros del cuerpo médico a pagar el mes de agosto por "razones éticas asociadas a no generar riesgos de salud sobre los pacientes, pero reservándose el derecho a tomar acciones legales".
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