Se le bautizó como la “vacuna VIP”. En julio de 2021, el entonces presidente de la Clínica Las Condes (CLC), Alejandro Gil, se colocó una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus cuando esta todavía no era autorizada por el Gobierno.
En concreto, Gil, pareja de la empresaria Cecilia Karlezi Solari, que hasta enero de este año era la controladora del establecimiento, pidió combinar el par de dosis de Sinovac que ya le habían suministrado con una tercera de Pfizer, algo que en esa fecha aún se estaba analizando por parte del Ministerio de Salud.
La CLC, ese mes, sostuvo que había cumplido los protocolos de manera “rigurosa” y que Gil había tomado la decisión porque se realizó un examen de anticuerpos -dado que tenía varias preexistencias y alto riesgo de contagio- y su médico tratante observó que no cumplía con los índices requeridos para alcanzar la inmunidad.
La explicación no convenció a la Seremi de Salud, que abrió un sumario sanitario y prohibió que el vacunatorio de esta clínica continuara administrando la vacuna. Un proceso que seguía abierto hasta esta semana.
Fin de la prohibición
Según señalaron fuentes a Diario Financiero, este mes, la nueva administración de la CLC, tan solo dos meses después de la salida de Gil, recuperó los permisos para suministrar estas vacunas.
Ante la consulta de este medio, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana confirmó y explicó la situación. La entidad señaló a ese medio que “habilitó nuevamente el vacunatorio de la Clínica Las Condes para la inmunización de Covid 19. Esto, tras haber pasado casi tres años y medio, desde que, en 2021, la Seremi de Salud suspendió el convenio con la institución para SARS CoV 2 y abrió un sumario sanitario contra el establecimiento privado por vulnerar los protocolos sanitarios y el convenio firmado entre la clínica y esta institución en el marco de la vacunación Covid 19”.
Cabe recordar que, en enero de este año, Karlezi y Gil salieron de CLC. La financiera Euroamérica, ligada a la familia Davis, y el grupo Indisa, que tiene como accionistas a figuras como Alejandro Pérez, Jorge Selume Zaror y Juan Antonio Guzmán, compraron en partes iguales el porcentaje de la empresaria, con lo que cada una de estas firmas quedó con cerca del 28% de la propiedad de la compañía.
La Seremi, en relación al sumario que había abierto, detalló que, además de suspender el convenio suscrito entre la institución y el vacunatorio de la clínica para la inmunización de Covid 19, también aplicó multas al establecimiento y a su director médico (en ese entonces, Rodrigo Mardones), las que ascendieron a $31 millones y $ 8 millones respectivamente, según publicó este medio en 2021.
“Sin embargo, el establecimiento privado concurrió a los Tribunales de Justicia reclamando judicialmente la sentencia, por lo que esta Seremi se inhibió de seguir conociendo del asunto, como establece la normativa, a la espera de la resolución judicial respectiva”, relató la Seremi.
Pasados los tres años y medio de suspensión del convenio y no habiendo sentencia judicial, la Seremi levantó la medida sanitaria “por haberse estimado que se cumplió el tiempo razonable de su aplicación”.
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Martín Baeza
