Luego del proceso iniciado a mediados de julio, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana concluyó el sumario sanitario realizado en contra de la Clínica Las Condes (CLC) por causa de la administración de una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus al presidente del directorio, Alejandro Gil, vulnerando los protocolos sanitarios vigentes.
La entidad decidió aplicar una multa a CLC por un monto de 600 UTM (unos $31 millones) y también aplicó la misma sanción al director médico de la institución privada, Rodrigo Mardones, por otras 150 UTM ($7,8 millones).
De acuerdo a la información dada a conocer esta noche por Canal 13, la Seremi prolongará la medida de suspensión de actividades de inmunización contra el COVID-19 en el vacunatorio de la clínica, y agregó que esa "medida sólo será alzada, a través de la correspondiente resolución de esta Secretaría Regional Ministerial de Salud.
"Luego de la investigación, y tras conocer los descargos del ente sumariado, la Autoridad Sanitaria concluyó que no logró desvirtuar los cargos para eximirse de la responsabilidad que le cabe en los hechos, por lo que se determinó una sanción de 600 U.T.M para la Clínica Las Condes y de 150 U.T.M para su director técnico", indica la autoridad de salud.
La Seremi recordó que el 5 de julio pasado recibió una "notificación de Error Programático (EPRO) que había ocurrido dos días antes en el vacunatorio de Clínica Las Condes, en donde se administró dosis de vacuna Pfizer, a un usuario que ya había recibido esquema completo de Coronavac, no ajustándose a los lineamientos de campaña de vacunación contra SARS-CoV-2, vulnerando el convenio firmado con la Seremi de Salud Metropolitana". Esto, en relación a la inoculación que recibió Alejandro Gil en esa dependencia de la institución que preside.
En función de esa alerta, la Seremi levantó un sumario sanitario con el objetivo de investigar las responsabilidades y posibles sanciones, dejando desde el 23 de julio y hasta la fecha, suspendido temporalmente el vacunatorio de CLC teniendo en cuenta que que el "Ministerio de Salud ha desarrollado un proceso de inoculación regulado, el que debe ser respetado por los centros de salud en convenio, de forma de maximizar el beneficio sanitario de la población".
La arista penal
A la investigación sumaria concluída hoy se suma la denuncia realizada por el gobierno ante la la Fiscalía Metropolitana Oriente el 9 de julio pasado por "hechos que podrían constituir el delito contemplado de apropiación indebida", contra Alejandro Gil luego de conocido el episodio de la tercera dosis.
En el documento -firmado por las subsecretarias de Salud, Paula Daza, y de Prevención del Delito, Katherine Martorell- se detalla que el 3 de julio Gil, en compañía de la gerenta de Enfermería Andrea Gaete, se habrían presentado en el vacunatorio de la Clínica Las Condes, ubicado en Estoril 450, en la comuna de Las Condes. Ahí, se relata, "habrían exigido a las funcionarias que se encontraban en el lugar que les hicieran entrega y suministraran a Gil una dosis de la vacuna Pfizer-Biontec, correspondiente al lote EY0585, contraviniendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria". La petición, puntualizan las autoridades, se realizó aludiendo a la calidad de presidente de Gil y de gerenta de Enfermería en el caso de Gaete.
"La dosis supuestamente apropiada por el señor Gil se encontraba en poder de la Clínica Las Condes, únicamente debido a que le había sido entregada en administración por la autoridad sanitaria, con la obligación de que dicho establecimiento de salud la suministrara estrictamente en la forma y condiciones que la misma autoridad señale y, en ningún caso, para que se dispusiera de ella a su arbitrio o capricho con fines personales de Gil, en su calidad de propietario de la citada Clínica", se enfatiza en el escrito.
Las autoridades recalcan que, una vez que Gil se habría apropiado indebidamente de una dosis de la vacuna Pfizer-Biontec, la que además se encuentra destinada para ser suministrada a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, el presidente del directorio de la Clínica Las Condes "habría realizado acciones directas destinadas a asegurar la impunidad en su actuar".
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