Un duro golpe sufrieron ayer las isapres desde el Congreso. La Comisión de Salud del Senado aprobó una indicación que deja sin efecto el próximo alza de los planes que estas aseguradoras aplicarían a partir de julio próximo y que ya habían comenzado a informar a los afiliados a contar del 1 de abril pasado. Este incremento -de un 4,5% promedio- corresponde al proceso de reajuste que fue postergado en 2020 por el plazo de un año, en atención a la crisis provocada por el Covid-19.
El cambio fue el resultado más inmediato de la aprobación -en votación unánime- de una indicación sustitutiva presentada, en horas de la mañana, por el Ejecutivo al proyecto de ley que suspende la facultad de modificar los precios base de los planes de salud durante la vigencia del estado de excepción constitucional por la pandemia.
La iniciativa apunta a un cambio de fondo en el modelo actual de ajuste, ya que establece que en el futuro las isapres podrán fijar los nuevos precios sólo dentro de un rango cuyo valor máximo determine un indicador elaborado por la Superintendencia de Salud.
De esta manera, la reforma elimina la actual facultad de las isapres de fijar el monto de los reajustes de sus planes de salud de manera unilateral. "Las isapres ya no van a tener la facultad de fijar los precios a su arbitrio, por lo tanto, van a tener que mejorar su gestión y contención de costos. Creemos que el sistema requería un cambio en ese sentido porque es necesario que se modernice en varios aspectos y éste es uno de ellos", indicó el superintendente de Salud, Patricio Fernández. En este sentido, señaló que, una vez vigente, esta disposición tendrá un "carácter vinculante y obligatorio para las isapres" y explicó que el cálculo del indicador a partir del cual se fijarán los precios en el futuro incluye "componentes sanitarios que le darán una mayor validez técnica, junto con incorporar el cumplimiento de estándares mínimos y metas en relación a prestaciones de carácter preventivo, ya que la única forma de contener los costos es teniendo una población más sana".
Tras la aprobación de ayer, la indicación pasará a la Cámara de Diputados, donde el escenario más seguro es que sea ratificada.
La medida generó un inmediato cuestionamiento desde la industria. "Nos parece delicada y preocupante la propuesta regulatoria de precios presentada, que deja de lado los posibles impactos en el sistema en el largo plazo", señaló el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón.
Junto con hacer presente la disponibilidad de ese gremio para "aportar en el análisis y construcción de soluciones de fondo, que permitan el desarrollo de un sistema de salud robusto y sostenible", el timonel de las isapres enfatizó que es "importante retomar los debates de fondo y no seguir innovando de esta forma fragmentada y guiada solo por la contingencia".
En marzo pasado, las isapres anunciaron su decisión de no modificar los precios base de sus planes para el periodo anual 2021-2022, por lo cual el freno a la aplicación del reajuste postergado desde 2020 implicará un total de dos años sin que la industria suba sus valores.
Consultado por el impacto que tendrá el cambio en las perspectivas financieras de las aseguradoras privadas, el superintendente Fernández indica que es "innegable que las isapres van a experimentar dos años, y un poco más probablemente, sin reajustar sus planes de salud".
En ese escenario, la autoridad estimó que la industria "tendrá que desplegar y mejorar todas sus estrategias comerciales, de gestión y de contención de costos para, primero, responder ante sus afiliados de acuerdo a parámetros objetivos y, por otro lado, ahora van a tener que dedicarse a la prevención en salud respecto de sus afiliados. Ese es un esfuerzo que van a tener que hacer pero que, por otra parte, nos parece que le da certeza al sistema".
La iniciativa de eliminar la facultad de las isapres para reajustar sus planes de manera unilateral partió en el Senado con una indicación presentada por el presidente de la Comisión de Salud, Rabindranath Quinteros (PS). "Al abrirse la posibilidad de que los senadores de oposición estuvieran llanos a resolver uno de los problemas que tiene el sistema -y viendo la imposibilidad, por ahora, de avanzar en una reforma de fondo al sistema privado de salud-, como Ejecutivo nos pareció razonable apoyar la norma que finalmente soluciona la poca claridad y transparencia en la reajustabilidad de los planes", explica Fernández.
"Es la primera vez que el Ejecutivo deja sin efecto un alza de planes de las isapre"
Junto con destacar que es "la primera vez que el Ejecutivo deja sin efecto un alza de planes de las isapre y se abre a regular directamente los precios de las mismas a través de la Superintendencia", la directora ejecutiva de la Fundación Politopedia, Victoria Beaumont, señala que representa una alternativa mejor a la presentada en un primer momento en el proyecto de ley, por cuanto "incorpora un indicador técnico del gasto en salud y da atribuciones a la superintendencia poner un techo al alza de las isapre". En este sentido, señala que mientras era "necesario, oportuno y posible no aumentar los planes en 2020", agrega que en una mirada de largo plazo también se requería una solución que "viabilizara el sistema en el futuro".
Recordó que mientras el año pasado se disminuyeron las prestaciones de salud producto de la decisión política de controlar la oferta de los prestadores en pandemia, ese escenario no necesariamente se repetirá en 2021, por lo cual considera fundamental "contar con un monitoreo permanente de la cantidad de prestaciones y licencias, ya que sin una vigilancia mensual de dichas variables era imposible justificar o no frenar el alza".
En este punto, Beaumont llama la atención en cuanto a la reactivación en materia de prestaciones de salud y el alza de las licencias médicas –tendencias que se reflejaron en los menores resultados de las isapres en el primer trimestre-, por lo cual subraya que este año "será distinto en materia de gasto, y la Superintendencia de Salud deberá tomar el pulso continuamente; además, este ejercicio es de gran utilidad para el Minsal pues de esta forma puede medir el impacto económico que las medidas de restricción a la oferta prestadora han generado en este sistema, con pérdidas para unos y ganancias para otros".
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