En 2015 el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago aplicó una significativa disminución en el monto de las costas que se pagan en los recursos interpuestos por afiliados en contra de las isapres por las alzas en sus planes de salud, y desde entonces estos procesos comenzaron crecer en las regiones. Si en principio eran 9% del total nacional, en 2017 llegaron a hasta 66%, para ahora estabilizarse en 41% dentro del alza sostenida de la judicialización del sistema.
En este tiempo, los tribunales de alzada en las regiones también han ido siguiendo los pasos de la sede capitalina: justo hace dos años un grupo de seis de ellas –Antofagasta, Copiapó, La Serena, Chillán, Puerto Montt y Punta Arenas- rebajaron los valores. Luego de ese hito, otras plazas relevantes en este tema se han venido sumando.
Ahora fue el turno de la corte de Temuco, que aplica desde inicios de este año una disminución desde $ 300 mil a $ 100 mil, y hace dos meses su par de Rancagua impulsó una medida similar, al bajar desde $ 400 mil a los actuales $ 150 mil las cosas.
Ambas son importantes, ya que se ubican entre las cinco más activas en regiones en materias de judicialización, con alzas de 30% y 79%, respectivamente, el primer semestre.
Y las primeras señales de esta tendencia también aparecieron en Concepción, que a junio pasado representaba el 13,5% del total de recursos judiciales contra las isapres y la con mayor crecimiento en número de casos, con un 94% a 13.440 iniciativas. Actualmente con una de las costas más altas vigentes –$ 400 mil–, la Quinta Sala de esa Corte de apelaciones aprobó el 12 de julio una rebaja, situándose en $ 150 mil.
Si bien la determinación adoptada en decisión dividida -con el voto a favor de los ministros Valentina Salvo y Fabio Jordán, y en contra de Hadolff Ascencio-, tuvo vigencia sólo durante unos días, dado que por el cambio en la conformación de esa se volvió al escenario previo, es visto desde las isapres como un primer signo en la línea de establecer valores similares a los que predominan en los otros tribunales de alzada.
Así, los valores se ubican entre $ 150 mil –como es el caso de Antofagasta y Rancagua- y $ 50 mil que rigen en jurisdicciones como Copiapó y Punta Arenas. En este cuadro, la otra excepción es Valparaíso, que se mantiene en $ 200 mil. Solo este año se proyecta que las aseguradoras desembolsen unos $ 38.000 millones en costas, un alza de 73%.
“Hace dos semanas vimos una señal en Concepción en cuanto a que hay ministros que están dispuestos a bajar las costas. Ahora, los valores se han vuelto a regular en $ 400 mil, la cifra más alta de todas las cortes. Existe una relación muy importante entre el valor de las costas y el números de casos, que más que por un aumento de la cantidad de gente de esa región que esté recurriendo, ésta muy influenciado por un traslado artificial de domicilio desde otros puntos del país”, dice una fuente del sector.
Ejemplifica que para algunas entidades, el número de casos que tienen en la capital del Biobío ya es casi la mitad de los que enfrentan en Santiago.
Al respecto, abogados que asesoran a las isapres recuerdan que cuando en Antofagasta se bajaron las costas de $ 600 mil a las actuales $ 150 mil, la judicialización cayó 76% en los dos meses siguientes.
“Gracias a factores como la tramitación por vía electrónica, que ha facilitado enormemente los procedimientos, en la verdadera industria que se ha creado en torno a la judicialización de las isapres se ha extendido la práctica de trasladar los domicilios de sus clientes a cortes que ofrezcan los valores más altos, que es lo que ha pasado con la preferencia de recurrir en algunas ciudades y que sigue viéndose especialmente en el caso de Concepción”, asevera un profesional de la plaza.
La ola de judicialización
Para las isapres, a la presión por recurrir a las Cortes de Apelaciones por los valores de las costas, se suma el fuerte incremento en el número de casos este año, especialmente tras el alza de planes complementarios anunciada a fines de abril por las principales isapres y que promedió un 5,1% para el periodo 2019-2020.
En el primer semestre, el número de casos subió 35% a 99.690 recursos a nivel nacional, con lo cual se proyecta para fines de este año un incremento en niveles de 43,4% a 208.400 casos, según la consultora Altura Management.
“Este año, con la reforma ad portas y el crecimiento histórico de los ingresos de recursos, se abre la oportunidad de discutir una solución que permita poner coto a la industria de abogados, sin limitar el derecho del cotizante a reclamar frente a lo que pueda considerar arbitrario”, señala Victoria Beaumont, directora ejecutiva de la Fundación Politopedia.
Sostiene que resulta necesario empoderar técnicamente a la Superintendencia de Salud con la “generación de variables que expliciten el comportamiento del gasto en salud, con datos recabados de distintas fuentes y no sólo las aseguradoras”.
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