Desde que la Tercera Sala de la Corte Suprema dictó este jueves el duro fallo que paralizó el proceso de reajuste de los planes base de las isapres que estaba en curso para el periodo 2022-2023, la Superintendencia de Salud ha estado en un trabajo a contrarreloj en los últimos días –fin de semana incluido- para aterrizar los mandatos establecidos en el dictamen.
Es por eso que todas las miradas de la industria estaban puestas ayer en el pronunciamiento del regulador sobre el mecanismo para concretar la principal instrucción del máximo tribunal: armar una nueva adecuación de los precios de los planes de los afiliados del sistema privado en un “tiempo prudente”. Esto, por cuanto el fallo interrumpió el proceso que estaba en marcha desde marzo –cuando las isapres informaron sus respectivas alzas a la autoridad- y entró en vigencia en julio con su aplicación en los contratos.
En medio de una creciente expectación, el superintendente de Salud, Víctor Torres, dio sus primeras declaraciones sobre este tema al final de la tarde de ayer. “El fallo dejó sin efecto dicha alza porcentual para todos los planes de salud administrado por las Isapres y, en consecuencia, su efecto favorece el 100% de las personas cotizantes, tanto los que recurrieron a la Justicia y a la Superintendencia para oponerse a dicha alza, como aquellos que no lo hicieron”, recapituló sobre las implicancias del dictamen que, pese a pronunciarse sobre un primer grupo de 12 recursos, sentó jurisprudencia para todo el proceso.
Y junto con puntualizar que la superintendencia “se encuentra determinando los mecanismos más eficientes para poder dar cumplimiento a las medidas ordenadas por la Corte Suprema”, anticipó la prioridad por resolver la implicancia más inmediata del dictamen: la devolución de recursos captados en los dos meses que alcanzó a operar la adecuación de precios. “En lo inmediato estamos viendo cuál es la vía más óptima para realizar la devolución de los montos cobrados producto del alza a quienes se les haya aplicado dicho incremento”, señaló, agregando que a raíz de la suspensión del reajuste “para las personas que optaron por cambiar su plan o incluso de desafiliarse a la isapre, como superintendencia debemos instruir que se reviertan los cambios de plan respecto de quienes hayan aceptado dicha alternativa y finalmente, que se incorporen las y los cotizantes que se hayan afiliado al no aceptar el alza”.
Incertidumbre
Sin embargo, el superintendente mantuvo en suspenso el pronunciamiento respecto de cómo y cuándo va a dar forma a un nuevo proceso de adecuación, limitándose a señalar que la forma de cumplir ese mandato sigue siendo objeto de análisis. “La Corte ha establecido una instrucción para que la superintendencia pueda establecer un nuevo plazo donde se pueda recibir una nueva comunicación por parte de las isapres justificando la razón del por qué pudieran realizar el alza durante 2022 en los meses que quedan. Esa situación está siendo evaluada para poder resolver de mejor manera lo mandatado por la Corte”, indicó Torres sobre la eventual repetición del procedimiento que tuvo lugar en marzo.
La indefinición respecto de este tema se mantiene a pesar del intenso análisis jurídico que ha venido realizando la Superintendencia desde que la Corte Suprema dictó el fallo el jueves pasado, y que se extendió durante el fin de semana y la jornada de ayer.
De hecho, Torres concurrió ayer a La Moneda para abordar las vías de implementación del dictamen con personeros del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Trascendió que el punto central de este encuentro fue establecer si están las condiciones para realizar un nuevo proceso de adecuación por la vía administrativa, o bien es necesario llevar a cabo cambios en el ámbito legislativo.
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