El proyecto de ley para regular los precios de los exámenes que aplican las clínicas anunciado este lunes por los senadores de oposición integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, se fundamentó en las conclusiones de un estudio encargado a la Superintendencia de Salud que arrojó grandes diferencias entre los aranceles de las instituciones privadas, con variaciones de hasta 12 veces para una misma prestación.
Y mientras la iniciativa parlamentaria sigue su curso, el análisis que consideró los procedimientos en radiología y laboratorio más demandados en el primer semestre en un total de 18 clínicas, también será la base de la estrategia que implementará el propio ente regulador en el corto plazo para generar una inédita herramienta para transparentar estos datos y posibilitar su comparación por parte de los usuarios.
El plan consiste en la creación de un observatorio de precios de los exámenes en los prestadores privados y cuya entrada en operación está prevista para inicio del próximo año.
“Estamos trabajando en un comparador de precios respecto de esas prestaciones que pensamos tener disponible en enero para que las personas puedan acceder a esa información. Hace unos meses sacamos una radiografía a las isapres –en temas como sus redes de prestadores, cobertura y rechazo a las licencias médicas, disponibles en nuestra página web- y ahora vamos a hacer lo mismo con las clínicas”, indicó el superintendente de Salud Patricio Fernández.
Junto a la posibilidad de contrastar las alternativas disponibles para un mismo examen en el sector privado, indicó que este observatorio también será útil para el conjunto de toma de decisiones de las personas en salud. “Podrán considerar estos precios al momento de contratar un plan de salud con prestadores preferentes, como en general respecto de los copagos o las condiciones de los seguros complementarios, en un país que tiene gastos en salud muy elevados”, señaló el superintendente.
Por su parte, el proyecto de los senadores tiene entre sus objetivos establecer a futuro la obligatoriedad de informar públicamente el valor de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico.
El debate por la fijación de precios
Para los senadores Guido Girardi, Rabindranath Quinteros y Carolina Goic, el punto central de su iniciativa de ley es regular los exámenes a través de medidas como establecer niveles máximos de rentabilidad, para lo cual anticiparon parámetros como un techo equivalente al 50% del arancel de Fonasa.
La idea generó el inmediato rechazo del presidente de Clínicas de Chile, Alfredo Schönherr, quien afirmó este lunes que “las fijaciones de precios son propias de los monopolios y, en nuestro caso, lo que abunda es una amplia oferta para todas sus prestaciones informada de manera transparente”. Asimismo, el dirigente gremial indicó que las diferencias de precios observadas “responden a los distintos costos que enfrenta cada institución en especialistas médicos, infraestructura, valor de la tecnología utilizada o las condiciones de la prestación”.
Al respecto, Fernández puntualizó que “nada puede justificar diferencias precios que pueden llegar, por ejemplo, a un 600% en un hemograma entre determinadas clínicas, lo mismo que en otros exámenes en los cuales se aprecian diferencias muy importantes”. Y añadió que en la actualidad “las tecnologías, equipamientos o capacitación del personal, tampoco son tan diversas entre una institución privada y otra”.
En esta perspectiva, la autoridad considera “razonable tener alguna ley que regule esto de cierta forma”, más ante situaciones que limitan las opciones a los pacientes como la baja competencia entre prestadores en regiones o la eventualidad de que profesionales de la salud induzcan la realización de tests en la misma institución en la que trabajan.
No obstante, subrayó que el perfeccionamiento de la actividad de exámenes clínicos también requieren actuar con un especial cuidado para “no afectar la calidad de los servicios, ni generar traspasos de costos a otros servicios o al propio paciente de alguna forma”.
De esta discusión que se inicia, Fernández valoró que se haya dado relevancia a la necesidad de “regular la situación de los prestadores, tema del cual se habla poco y donde hay que dar mayores facultades a la superintendencia para contribuir a tener un sistema más transparente y creible para las personas”.
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