“Durante este fin de semana he recibido opiniones de sorpresa, de desazón, en otros de molestia, en otros sectores, desde el propio comité técnico”, declaró el presidente de la Comisión de Salud del Senado Juan Luis Castro (PS) sobre la impresión que dejaron las indicaciones del Ejecutivo a la ley corta de isapres entre quienes están involucrados o atentos a la búsqueda de soluciones que eviten un colapso financiero de esa industria por efecto de la aplicación de los fallos de la Corte Suprema por tabla de factores de noviembre de 2022 y primas GES de agosto pasado.
Y si bien el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, comentó escuetamente que las enmiendas que presentó el Gobierno el viernes pasado son motivo de “preocupación”, a nivel de las aseguradoras la alerta es total luego de saber que el contenido de ese mensaje desestimó incluir la fórmula recomendada por el comité técnico convocado por el Senado que consideraba ponderar las alzas y las bajas en los precios de los planes de salud a partir de la aplicación de una tabla única de factores –como instruye el fallo- mancomunando así los riesgos de universo de afiliados, o mutualización.
"En definitiva, no tenemos certeza si esta estrategia va a lograr el propósito de mantener el equilibrio financiero de la industria y, de esa forma mantener la cobertura de las personas y poder cumplir los fallos de la Corte", acotó Arriagada.
Este cambio implicó que el cálculo de la deuda del informe técnico-US$ 451 millones- aumentó a más del doble a niveles de US$ 1.000 millones en las indicaciones del Gobierno.
Y fue justamente la exclusión del mecanismo de mutualización el hecho que concentró el primer análisis de las enmiendas a la ley corta ayer lunes en la Comisión de Salud de la Cámara Alta. Aquí el punto en cuestión fue si la causa que llevó al Ejecutivo a desechar esa modalidad respondió a un análisis jurídico, o bien respondió a motivaciones políticas en la línea de evitar a toda costa un “traje a la medida” de los privados.
Quien abrió los reparos al diseño de las enmiendas fue el exministro del ramo Emilio Santelices –uno de los coordinadores del comité técnico que reunió a 16 exautoridades y expertos de un amplio espectro- quien señaló que durante el intenso trabajo de esa instancia que se extendió durante tres meses, los propios representantes del Minsal en el grupo asesor no manifestaron reparos de carácter legal a la implementación de un modelo de riesgo mutualizado como base de la fórmula para dar viabilidad al sistema. “En los antecedentes a la vista no hay un tema jurídico y, entonces hay un tema político”, aseveró Santelices.
“En los antecedentes a la vista no hay un tema jurídico, entonces hay un tema político”, aseveró el exministro Emilio Santelices, coordinador del comité técnico.
Sin embargo, la Ministra de Salud rebatió el punto, señalando que los análisis jurídicos del fallo de la Corte Suprema, así como de los pronunciamientos posteriores del tribunal frente a recursos de las isapres, confirmaron que desde el punto de vista legal la instrucción de la sentencia se refiere a contratos individuales –no obstante el alcance general de la sentencia- lo cual no posibilita aplicar la mutualización planteada por la Comisión Técnica.
“Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del análisis de la sentencia y los límites que ésta establece -particularmente en la prórroga-, nos hizo ver que habla de contrato a contrato, caso a caso. Por lo tanto, eso es lo que lleva a que no hayamos considerado el tema de la mutualización y sí hayamos considerado los otros elementos (del informe técnico)”, indícó la secretaria de Estado.
Reparos de la oposición
El punto anterior también fue una de las bases de los cuestionamientos desde la oposición. “Las objeciones a la mutualización son jurídicas o políticas; porque si son jurídicas, entonces estudiémoslo, pero si son políticas, ya es diferente (...) Creo que es bien importante para el debate que viene”, indicó ante la comisión el presidente del Senado Juan Antonio Coloma (UDI), quien en una breve intervención subrayó que “no hay posibilidad de cumplir los fallos sin tener el necesario equilibrio financiero”.
Por su parte, el senador UDI Javier Macaya puntualizó que "me llama la atención la ausencia del concepto de mutualización, que permitía un cálculo correcto que considera tanto a quienes pagaron más (en relación a la tabla de factores única al cual obliga la sentencia) de manera adecuada, como a los que pagaron menos, posibilitando un equilibrio adecuado, abordando uno de los ejes más relevantes para instruir el fallo. Por eso, lamento que el Gobierno no lo hubiese incorporado en las indicaciones”.
“Respecto a la forma de cálculo de la evolución de cobros en exceso, me parece complejo que, de alguna manera, esto no esté adecuadamente cubierto, porque los sistemas de seguros funcionan con el principio de la mutualización del riesgo. (…) La alternativa que se ha dado en virtud de las indicaciones que se han presentado no soluciona el problema. Creo que estamos perdiendo una oportunidad desde el punto de vista del trabajo que hizo la Comisión Técnica para avanzar no solamente en una propuesta de que nos permita aplicar los fallos de la Corte Suprema, sino además para sacar adelante una reforma a la salud”, aseveró el senador Francisco Chahuán (RN).
En la misma línea, su par Sergio Gahona (UDI), también realizó una crítica frontal al diseño de las indicaciones del Ejecutivo en su intervención en la misma instancia de la Cámara Alta (ver entrevista relacionada).
"No hay ninguna estrategia de exterminio del sistema"
El senador Juan Luis Castro enfatizó sobre el escenario tras las indicaciones del Ejecutivo que “desde la comisión y desde el Poder Legislativo no hay ninguna estrategia liquidacionista o de exterminio de la sustentabilidad del sistema (...) Por nuestra parte, no hay ni conspiración alguna de la cual seamos testigos o parte, ni menos un propósito de dejar de contar con una parte del sistema de salud más allá de las críticas, más allá de las diferencias legítimas que pueda haber”.
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