En entrevista con Tele13 Radio, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, volvió a defender las indicaciones del Gobierno para la ley corta de isapres, que fijarían la deuda del sistema en unos US$ 1.000 millones, mayor a los US$ 451 millones que había establecido el comité técnico.
La ministra, que hoy visitará el Congreso para tratar este mismo tema, argumentó que el asunto de la isapres siempre ha sido complejo, debido a que se trata de una industria fuertemente criticada, judicializada y donde se tratan cotizaciones sociales con lógicas de mercado.
Sin embargo, consultada por las críticas planteadas hacia las indicaciones, que han señalado que podría ser un golpe de gracia para el sistema, afirmó que "el tratar de viabilizar el cumplimiento de la sentencia va a tener estas complejidades".
En esa línea, agregó que "lo que nosotros nos mueve es la responsabilidad con los afiliados, el efecto sistémico que tiene el tema de los seguros privados hacia el sistema público" y, por ello, afirmó que entre las indicaciones también se seguía empujando el fortalecimiento de Fonasa.
Finalmente, aseguró que esta ley corta "no es un proyecto de reforma, es un proyecto de ley que responde a una sentencia", a pesar de que sí admitió que, como consecuencia, se abre la puerta a una modificación profunda del sistema algo que, sostuvo, hay consenso en la necesidad de realizar.
Vallejo: “Indicaciones dan certezas”
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que las indicaciones del Ejecutivo a la ley corta de isapres “las hemos trabajado de manera muy responsable junto con el Ministerio de Salud” y que evaluaron el informe técnico del Senado para resolver “qué recoger y qué no, en el entendido que tenemos que cuadrar un círculo complejo que es cumplir dos fallos de la Corte Suprema, garantizar cierta estabilidad al sistema que permita a los usuarios mantener sus prestaciones pensando en las isapres y Fonasa”.
Enfatizó que “por eso hicimos la propuesta que hicimos, que es sumamente clara. Aquí no hay incertidumbre, hay claridad absoluta de cuáles son las condiciones que pone el Gobierno para cumplir el fallo y preocuparse de los usuarios”.
Reconoció que “todos sabemos que el sistema público de salud requiere ser fortalecido, más aún cuando ya sabemos que se ha producido migración de usuarios de isapres a Fonasa” y que “evidentemente el Congreso va a tener que legislar y hay opiniones distintas, pero nuestra propuesta, entendiendo que tenemos facultad de legislar en estas medidas, es que hay que hacerlo con responsabilidad”.
"Somos un poder del Estado que tenemos que cumplir los fallos, porque hay algunos que se les olvida que en su defensa de las isapres nos llaman permanentemente al incumplimiento de un fallo”, cerró.
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