La crítica al estado actual de la red pública, el rechazo a puntos claves de los proyectos de reforma al Fonasa y las isapres, junto a una declaración que reinstala la iniciativa de un plan universal de salud, marcaron la primera iniciativa conjunta de los partidos de la oposición contra la política sectorial del gobierno, en un arco político que va desde el Partido Radical hasta el Frente Amplio, en coordinación con las organizaciones sindicales.
Con el objetivo de frenar “la privatización”, la Mesa Social por el Derecho a la Salud centró sus cuestionamiento en dos de tres ejes de la iniciativa del Ejecutivo respecto del seguro público: la eliminación de los límites de copago en la Modalidad de Libre Elección y las facultades para ordenar la derivación de pacientes desde el sistema público.
“Nos preocupa que los proyectos ingresados favorezcan la privatización de la salud pública, particularmente el referido a Fonasa, porque uno de los puntos centrales es establecer la posibilidad de que aquellas prestaciones que no se pueden realizar en el sistema público sean hechas por hospitales de la red o aquellos centros privados con los que haya convenio, y eso significa en definitiva debilitar el sistema público y fortalecer la salud privada”, aseveró el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ricardo Celis (PPD) sobre la iniciativa anunciada por el Ejecutivo el 26 de abril pasado.
Esta posición sale al paso de las primeras declaraciones formuladas por el nuevo titular de Salud, Jaime Mañalich, quien reiteró ayer que “lo que más me preocupa de lo que está en la agenda es sacar aceleradamente un fortalecimiento de Fonasa como el mecanismo esencial de protección de los derechos de salud de la clase media”, en declaraciones a Radio Bío Bío.
En este primer acuerdo de los diputados opositores contra la reforma, otro punto cuestionado es el cambio en la Modalidad de Libre Elección. “Si se cambian los topes máximo y no hay más gasto público, eso significa que algunas enfermedades van a tener mayor cobertura y otras menos, lo que resulta inexplicable, y es tan inaceptable como es darle a Fonasa la posibilidad de derivar hacia el sector privado”, aseveró el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, quien cuestionó que la iniciativa no resuelve las listas de espera, ni se hace cargo de la deuda hospitalaria por $ 800 mil millones.
Además de fijar estas posiciones en la tramitación que se iniciará en la Cámara Baja, los diputados cuestionaron también el proyecto de reforma las isapres ingresado al Senado, llamando a reformular la discusión en una lógica que integre los sistemas público y privado de salud.
“En este espacio político y social que estamos levantando existe una total unidad en cuanto a la propuesta de un seguro nacional de salud”, indicó Crispi.
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