En un escenario en el cual las instituciones de salud privada han acusado sufrir un fuerte impacto financiero por la drástica caída de la actividad general de las prestaciones no relacionadas al Covid-19, la Red de Salud UC CHRISTUS informó hoy que se acogió a la Ley de Protección del Empleo.
La medida implicó la aplicación de un ajuste de jornada laboral y suspensión de contratos al 30% de trabajadores, en tanto un 35% del personal, cuya remuneración supera el millón de pesos, "entrará en una medida solidaria de reducción de sueldo de entre 10% y 30%", explicó la entidad, quien detalló que el objetivo es aplicar este mecanismo por tres meses, a partir del 1 de mayo, en principio, plazos que podrían acortarse si "la actividad y los ingresos mejoran".
"Tras un profundo y meditado análisis, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la Ley de Protección del Empleo", señaló la Red de Salud UC CHRISTUS, quien agregó que un 35% de los colaboradores no tendrá impactos en su remuneración, ya sea porque su sueldo es menor a un millón de pesos o porque en sus funciones están directamente relacionados a la atención de pacientes hospitalizados por Covid-19.
En relación a los motivos que llevaron a esta determinación, la entidad resaltó que "el área de la salud y nuestra Red han visto una reducción significativa en el número de pacientes; las necesarias medidas tomadas por el gobierno enfocadas a atenciones consideradas urgentes -o que por razones clínicas no pueden postergarse más allá de tres meses- ha generado una caída del 80% en la actividad ambulatoria y del 60% en la hospitalaria".
A esto sumó factores como el alza en los costos de los insumos críticos, han aumentado en niveles de entre 4 y 7 veces, dada su escasez en todas partes del mundo.
En este marco, la Red de Salud UC CHRISTUS indicó que debió cerrar algunos centros médicos y Unidades de Toma de Muestras, y disminuir las consultas presenciales y el servicio de Imagenología.
"En un escenario de incertidumbre, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para proteger en el largo plazo la estabilidad laboral de los colaboradores y asegurar la sostenibilidad de la Red, y las medidas que hemos tomado son precisamente para no afectar de manera alguna la atención a pacientes ni la seguridad de nuestro personal", indicó la institución a través de un comunicado.
Los efectos en la industria
Pese a la creciente demanda por atenciones de urgencia asociada al Covid-19, justamente el hecho de destinar la mayor parte de su infraestructura enfocada a la emergencia - en coordinación centralizada con el Ministerio de Salud- y la postergación del resto de las prestaciones como intervenciones quirúrgicas (electivas) y las atenciones ambulatorias, está impactando a las clínicas en términos operacionales y financieros. "Existe una falsa percepción ciudadana en cuanto a que el sistema prestador privado está funcionando a plena capacidad y generando más actividad de lo habitual. Ello no se condice con la realidad", señaló al respecto hace pocos días la Asociación de Clínicas de Chile. En la oportunidad, el gremio alertó sobre los problemas de liquidez por la baja en ingresos -que se estiman en $ 245.000 millones mensuales-, y ya algunos planteles han comenzado a tomar acciones para garantizar su sustentabilidad en el tiempo.
En esta línea, la Clínica Alemana de Osorno inició una reestructuración global con el propósito de revertir malos resultados acumulados y que se vieron agravados por el coronavirus.
Por su parte, la Clínica MEDS se acogió a la Ley de Protección al Empleo principalmente para el caso de su personal administrativo y, además, han aplicado medidas adicionales como la rebaja temporal de sueldos de toda la plana ejecutiva y que los miembros del directorio no perciban dieta mientras dure la emergencia sanitaria.
La Clínica Universidad de Los Andes también se acogió a la Ley de Protección del empleo acordando la reducción de un 20% en la jornada de todos los trabajadores, salvo el 20% del personal clínico, administrativo y de apoyo de las áreas que atienden directamente y de manera preferente a pacientes Covid-19. Dado que los trabajadores obtienen recursos del fondo de cesantía, para la mayoría la rebaja real será de 10%.
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