La aprobación de un Sistema Nacional de Salud “universal, público e integrado” por parte del Pleno de la Convención Constitucional provocó efectos diversos en el conjunto de los actores privados que operan en este rubro.
En el lado positivo, la decisión de devolver a la Comisión de Derechos Fundamentales el inciso que establecía que “los prestadores privados integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro”, fue bien valorado por la Asociación de Clínicas.
Distinta fue la reacción en la industria aseguradora de salud a la disposición aprobada que destina todas las cotizaciones obligatorias exclusivamente al objetivo de “aportar solidariamente” al financiamiento de este sistema.
“La propuesta termina con un derecho que hoy tiene la población y obliga a todos los cotizantes a destinar su 7% a un único sistema estatal, sin posibilidad de elegir cuándo, dónde ni con quién atenderse. Se ha tomado una definición riesgosa para las personas, que implica una transformación profunda del sistema, sin claridad de cómo será el proceso, la transición, los plazos ni de dónde se obtendrán los recursos necesarios”, sostuvo ayer la Asociación de Isapres.
Desde esta posición, el gremio advirtió que esta disposición obligará a los más de tres millones de afiliados a migrar al sistema público “con los conocidos problemas que éste tiene para responder a su carga actual, y que derivan en listas de espera que hoy mantienen a más de dos millones de personas aguardando consultas y cirugías”. En este sentido, argumentó que la norma aprobada no contiene “ningún elemento que incorpore mejoras al sistema público, y sin certeza de qué pasará con los tratamientos de los miles de pacientes que hoy se atienden en el sector privado”.
Cabe señalar que el pleno aprobó siete de los 12 incisos del artículo que consagra el derecho a la salud, y devolvió a revisión la norma que establecía para los seguros privados voluntarios que en “ningún caso podrán sustituir o duplicar el rol del Estado”. Para los privados, ese texto no solo dejaba fuera del sistema a las instituciones aseguradoras de salud –como podrían ser las isapres reconvertidas a futuro en actores complentarios de “segundo piso”- sino que lo impedía también para todas las compañías que ofrecen seguros en este ámbito.
Clínicas: “Nos parece una buena señal”
“Nos parece una buena señal, la valoramos y estamos disponibles a seguir aportando al debate y a dar información sobre eso desde una posición propositiva”, indicó Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, respecto a la decisión del pleno de devolver a revisión el inciso que impedía a los prestadores con fines de lucro cualquier vínculo con el futuro sistema universal de salud.
En este aspecto, dijo que “esperamos que la Constitución finalmente refleje que Chile necesita más y mejor salud para más personas y nosotros -que ofrecemos el 40% de las atenciones de salud- no podemos quedar fuera de ese trabajo en una perspectiva de complementariedad, porque nuestro rubro es diverso –ya que no todas las clínicas y centros son iguales- y debemos aportar desde esa diferencia a la salud de los chilenos”.
A juicio del representante gremial, la decisión adoptada por el pleno de la Convención de revisar esa norma implicó “dar una oportunidad de escuchar, la lectura que hacemos es que, en términos generales, siguió la intención de poder considerar en el debate los argumentos que se han dado y donde nosotros también hemos aportado con cifras importantes”.
Fuenzalida reiteró que el sector prestador privado incluye no solo a las clínicas, sino también a entidades como laboratorios, centros de diálisis, puntos de tomas de muestra y otros establecimientos cuyos servicios ocupan en un porcentaje relevante los afiliados al seguro público. “En esa consideración, somos un actor indispensable en la salud pública y la evidencia es que atendemos a un número realmente importante de pacientes Fonasa y creemos que esa consideración fue tomada en cuenta a la hora de la votación por parte de los convencionales. Cualquier norma que se defina a futuro respecto a la salud pública debe considerar a todos los actores sin exclusión y eso es lo que hemos defendido”, dijo.
En esta línea, manifestó que como industria “estamos disponibles para cambios y mejoras, sin duda, y en esa consideración entendemos que un proceso constituyente -y todo lo que se haga para adelante- tienda a mejorar hacia una salud de mejor calidad a la que accedan más personas. La accesibilidad es gran parte del problema, por eso hay tantos miles de operaciones en espera, y en esta cruzada que enfrenta Chile no puede haber ningún actor que quede excluido de las definiciones”.
Críticas al sistema único estatal
Los incisos principales de la norma de derechos en salud aprobados por el pleno recibieron críticas por parte de expertos que cuestionan el establecimiento de un único sistema estatal y la eliminación de la posibilidad de elección.
"Si se compara el inciso 9 del artículo 19 de la constitución actual y el texto aprobado podrá notar que hay tres garantías fundamentales que fueron amparadas por el Estado y hoy han sido borradas en la propuesta del nuevo texto constitucional: 'El Estado protege el libre e igualitario acceso a las acciones…', 'Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud' y, finalmente, que cada personas tendrá derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse”, Victoria Beaumont, directora de Fundación Politopedia y vocera del movimiento Saludlibre.
Al respecto, enfatiza que estas garantías son el soporte constitucional del GES y además consagra la libertad de elección que “ha sido una forma de atención histórica en nuestro país desde 1945, ampliada en 1978”. En esta perspectiva, asevera que la propuesta aprobada en el pleno “desconoce la historia y los hitos de mejora de nuestro sistema sanitario y solo responde a un afán refundacional ideológico que impactará negativamente en la vida y salud de los chilenos”.
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