Tras la dictación del fallo por primas GES de las isapres de la Corte Suprema el 10 de agosto pasado y el rechazo de la Tercera Sala del máximo tribunal a todas las apelaciones de las aseguradoras en las últimas semanas, esa industria estaba expuesta a una inminente aplicación de la sentencia. Y, en ese escenario, las expectativas están puestas en la postergación de su entrada en vigencia.
En ese escenario, la Superintendencia de Salud interpuso en la tarde de este viernes de recurso de aclaración ante máximo tribunal que tiene por objeto determinar el alcance de esa sentencia, específicamente en aquellos casos no judicializados. Por esta vía, y en uso de facultades administrativas, el regulador puede dictar instrucciones generales -dado el efecto colectivo que tuvieron estas sentencias- por lo cual en el caso de que reciba una respuesta positiva al recurso de aclaración, consultó si “puede dictar las instrucciones dentro de un plazo de seis meses".
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Argumento de la autoridad
La Superintendencia de Salud, que encabeza Víctor Torres, argumentó que lo anterior se justifica en que su principal interés es "resguardar la continuidad de las prestaciones y beneficios a los afiliados, lo que podría verse comprometido por el eventual impacto en los indicadores que supervigila este servicio al dictar instrucción en esta materia, lo que requiere un plazo prudente para que las isapres puedan ajustar su operación sin impactar a sus beneficiarios”.
La acción del regulador se concretó luego de que un grupo de isapres ha venido solicitando en las últimas semanas que se busque aplazar la aplicació del fallo por primas GES. Ese escenario, advierten, tendría efectos inmediatos sobre la estructura financiera del sistema privado e implicaría una significativa reducción de ingresos que el informe del comité técnico convocado por el Senado, estimó en niveles de 12% mensuales.
Cabe recordar que en el marco del fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema por tabla de factores de 2022, la Superintendencia de Salud ha solicitado en dos oportunidades el aplazamiento de la entrada en vigencia de ese dictamen, ambas por un plazo de seis meses, tras lo cual el plazo quedó fijado para mayo de 2024.
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