Por M. Stott, M. Pooler, C. Nugent y C. Murray
Ourique / São Paulo / Montevideo / Colima
Durante el último siglo, los ticuna, la tribu más numerosa de la Amazonia brasileña, han resistido las amenazas de madereros y mineros ilegales en algunas de las zonas más remotas de la vasta selva tropical. Pero el desafío más reciente es más intenso que cualquier otro que hayan experimentado antes.
“El año pasado, había drones sobrevolando esta zona”, afirma el mayor Jonatas Soares, comandante regional de la policía militar, en la aldea de Ourique, a unos 1.100 km al oeste de Manaos. Los narcotraficantes, añade, “se detenían allí, almacenaban cocaína y luego despegaban con drones para verificar qué sucedía antes de continuar su viaje”.
Los informantes dijeron que allí se encontraban almacenados 200 kilos de droga, pero la policía no pudo localizar el escondite.
La Alta Amazonia, una de las mayores e inaccesibles zonas de selva tropical del mundo, se ha convertido hoy en una superautopista para la exportación de cocaína a Europa, su mercado global de más rápido crecimiento.
Cada semana, según afirman las autoridades policiales brasileñas, toneladas de cocaína pasan desde laboratorios de producción ilícita en las selvas de los vecinos Perú y Colombia, a través del Amazonas, hasta Manaus y la ciudad portuaria de Belém, para ser exportadas a Europa y África.
A veces, los traficantes pagan a los lugareños para que lleven de contrabando tan solo unos kilos río abajo, o esconden cantidades mayores bajo el suelo de las lanchas. Por otro lado, se han detectado embarcaciones semisumergibles, conocidas como "narcosubmarinos", capaces de transportar varias toneladas de droga en los ríos que alimentan el Amazonas desde Colombia y Perú.
El negocio mundial de la cocaína está en auge como nunca antes. El consumo de drogas en Europa ha crecido tan rápido en las últimas dos décadas que ha superado a Estados Unidos como el mayor mercado de cocaína, mientras que los narcos ahora están captando nuevos consumidores en Medio Oriente y Asia. Con abundantes recursos, los cárteles latinoamericanos se están diversificando, dejando atrás las drogas y adentrándose en una amplia gama de otras actividades delictivas.
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El avance en Latinoamérica
“Creemos que 2024 fue el año más lucrativo de la historia para el crimen organizado en América Latina”, afirma Jeremy McDermott, cofundador de Insight Crime, que monitorea la actividad ilícita en la región. “Esto se debió principalmente a tres economías criminales. La primera es la cocaína. Muy de cerca, el oro (...) y la tercera es el tráfico y la trata de personas”.
Los delitos y la violencia relacionados con las drogas solían concentrarse en los países productores de narcóticos de Perú, Colombia y México, mientras que países como Argentina o Chile permanecían prácticamente intactos.
Hoy en día, esa violencia se ha convertido en una característica de la vida en prácticamente todos los países de la región, llegando incluso a antiguos paraísos como Costa Rica y Uruguay, una nación de 3 millones de habitantes a veces aclamada como la “Suiza” de América Latina debido a su relativa paz y prosperidad.
El crimen organizado “se ha convertido en la principal amenaza para la estabilidad institucional de nuestras naciones”, afirma Laura Chinchilla, exPresidenta de Costa Rica y experta en seguridad regional. “Ningún país latinoamericano puede hoy escapar de esto”.
Algunos de los actores más grandes son tan poderosos que desafían incluso a los estados más grandes, forjando vínculos con grupos del crimen organizado de larga data en Europa y Asia y generando miles de millones de dólares en ganancias.
En Colombia, el mayor productor del mundo, la producción de cocaína se disparó un 53% entre 2022 y 2023. Un senador y candidato presidencial, Miguel Uribe, recibió un disparo en junio en un mitin en Bogotá y luego murió a causa de sus heridas, lo que aumenta los temores de que la nación andina pueda recaer en la violencia política alimentada por la cocaína que la marcó en las décadas de 1980 y 1990.
Pero ese es solo una parte del panorama. Los expertos afirman que los grupos del crimen organizado latinoamericanos ahora gestionan una cartera de negocios diversificados lo suficientemente robusta como para absorber una recesión cíclica en un área, como un conglomerado legal.
“Los delincuentes están empezando a acumular ingresos equivalentes al PIB nacional, sin ninguna de las cargas que supone un Estado”, afirma Ricardo Zúniga, exalto funcionario del Departamento de Estado de EEUU y de la Casa Blanca para América Latina. “Operan a través de las fronteras en países con sistemas legales construidos para una época pasada”.
Esta combinación de negocios ilícitos representa lo que Douglas Farah, presidente de IBI Consultants -una empresa de investigación de seguridad con sede en Washington- describe como el nuevo modelo de las mafias latinoamericanas.
“Ya no son organizaciones de narcotráfico”, dice. “Transportan cualquier cosa que transite por su zona de control. Así que si necesitas oro, ellos pueden transportarlo por ti. Si necesitas cocaína, bien. Si quieres transportar migrantes, bien; si necesitas transportar armas, bien. Se están abriendo todos estos nuevos mercados”.
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El rol de EEUU
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó que los costos directos de la delincuencia y la violencia en América Latina ascendieron al 3,4 % del PIB en 2022, lo que equivale a casi el 80% del presupuesto total de educación pública de la región. Pero ¿es demasiado tarde para cambiar la situación en un momento en que EEUU, durante mucho tiempo líder mundial en la lucha contra el narcotráfico, se inclina cada vez más hacia la acción militar unilateral para enfrentar a los cárteles, en lugar de la acción conjunta con los países de la región?
Trump ha designado a ocho cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras y firmó en secreto una orden dirigida al Pentágono para que comience a emplear la fuerza militar contra ellos, según informó el New York Times este mes. Añadió que estas instrucciones proporcionaban una base oficial para operaciones militares directas en el mar y en territorio extranjero contra los cárteles.
Drones espía sobrevuelan México para recopilar información sobre narcotráfico, y fuerzas aéreas y navales estadounidenses se han desplegado en el sur del Caribe para intensificar la lucha contra los narcotraficantes, según informes de prensa. El Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por información que conduzca a la captura del Presidente venezolano Nicolás Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo.
Sin embargo, hasta ahora Trump se ha centrado principalmente en la amenaza que supone el tráfico mexicano del opioide sintético fentanilo, porque ha causado la muerte de muchísimos estadounidenses: alrededor de 300.000 en los últimos cinco años.
La perspectiva de ataques militares unilaterales de EEUU contra bandas de narcotraficantes ha alarmado a los gobiernos latinoamericanos, que temen violaciones a la soberanía nacional.
“Es realmente difícil ser optimista”, dice McDermott de Insight Crime. “Se ame o se odie a Washington, EEUU siempre fue el único actor que pensó estratégicamente en el crimen organizado transnacional y luego convenció, persuadió y, en ocasiones, intimidó a las naciones latinoamericanas para que colaboraran. Esos tiempos ya pasaron”.
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Los nuevos focos
En el tranquilo barrio de Villa Española, a las afueras del centro de Montevideo, Uruguay, cada pocos minutos jóvenes en motocicletas pasan a toda velocidad por la calle. Otros se sientan en sillas afuera de las casas, vigilando a la policía. Una o dos veces por semana, dicen los residentes, la calma se transforma en tiroteos.
“Lleva dos años así, día y noche, y nunca se sabe cuándo”, dice una madre de dos hijos que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Se acercan a una casa y disparan dentro o se encuentran en coches en la carretera y se desatan. No les importa si hay niños o alguien más cerca”.
A medida que la dinámica del crimen organizado ha cambiado en todo el continente, la costa uruguaya se ha convertido en un centro de tránsito para las exportaciones de cocaína a Europa. La presencia de toneladas de polvo blanco, con un valor millonario, ha alimentado violentas disputas territoriales entre pequeñas bandas locales en Montevideo y otros lugares, a menudo por territorios de apenas unas pocas manzanas de ancho.
“En los últimos años Uruguay pasó de ser un puerto por donde se transportaba droga a un lugar donde se almacena”, afirma Emiliano Rojido, asesor de seguridad del gobierno de centroizquierda de Uruguay.
Los últimos cinco años han sido, en conjunto, los más violentos en la historia de Uruguay, ya que las autoridades no lograron contener el aumento de homicidios que comenzó hace siete años. En 2024, hubo un 41 % más de homicidios que una década antes.
Aunque los funcionarios están divididos sobre cuántos asesinatos son causados por el crimen organizado, las espeluznantes historias que inundan los medios uruguayos han sacudido la sensación de excepcionalismo del país.
En los últimos 12 meses, un bebé de un año fue asesinado cuando hombres armados abrieron fuego contra su casa, un traficante de drogas de 28 años fue asesinado a tiros mientras jugaba un partido en un club de fútbol local y un tramo afluente de la rambla costera de Montevideo fue aturdido por un tiroteo diurno.
“No estamos acostumbrados a ver desmembramientos ni sicariatos en Uruguay, y si bien no son la mayoría de los casos, son muy llamativos para la gente”, afirma Rojido.
En Brasil, la naturaleza de la actividad pandillera se ha transformado en los últimos años. Durante mucho tiempo, sus bandas de narcotraficantes no fueron consideradas actores importantes en el tráfico intercontinental de narcóticos, a diferencia de los notorios cárteles de otras naciones latinoamericanas. Las autoridades solían retratar a su país como víctima de bandas de países vecinos que se aprovechaban de su vasto territorio para contrabandear drogas a otros mercados.
Pero durante la última década, dos cárteles locales con amplias conexiones internacionales han llegado a rivalizar con los mexicanos en cuanto a poder. El Primeiro Comando da Capital (PCC), que surgió en las cárceles de São Paulo, tiene operativos en 28 países dedicados principalmente al narcotráfico, según una encuesta de la fiscalía estatal, y ha forjado vínculos con mafias albanesas e italianas.
El Comando Vermelho (CV), con sede en Río, le sigue de cerca. Como testimonio de su alcance geográfico, sus siglas están pintadas con aerosol en edificios de Tabatinga, un pueblo selvático agreste, en la frontera con Colombia.
Los inversionistas y los principales ejecutivos del Brasil han expresado en privado su alarma por el rápido crecimiento del crimen organizado en un país con relativamente poca experiencia en acciones coordinadas a nivel nacional contra el crimen organizado, que tiende a ser combatido a nivel estatal.
“Brasil nunca se ha enfrentado a un cártel a nivel nacional, y ahora se enfrenta a uno que ya tiene profundas raíces en los gobiernos municipales de las principales rutas de la droga”, afirma el exfuncionario estadounidense Zúniga. “Y están integrados a la economía brasileña”.
Los traficantes penetran cada vez más en negocios legítimos para lavar dinero; un miembro del directorio de una empresa brasileña cuenta cómo un conocido se vio obligado a vender un ingenio azucarero en el corazón industrial del país a un agente vinculado al PCC después de recibir amenazas.
“Si el Estado brasileño no cambia su postura frente al crecimiento del PCC, podríamos convertirnos en un narcoestado”, afirma Lincoln Gakiya, fiscal del estado de São Paulo que lidera la lucha contra el cártel.
En mayo, una delegación estadounidense viajó a Brasilia para advertir al gobierno izquierdista del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre las consecuencias negativas que podría tener la designación del PCC y la CV como organizaciones terroristas extranjeras, según una persona familiarizada con las conversaciones. Estas incluyen sanciones financieras a personas o empresas que negocien con los grupos. "¿Lo entendieron los brasileños? De verdad que no", afirma la persona.
El Ministerio de Justicia de Brasil insiste en que combatir el crimen organizado es uno de sus mayores compromisos. El departamento afirma que, en lo que va de año, sus acciones de control han confiscado R$4.100 millones (US$755 millones) a delincuentes, pero no se pronunció sobre una posible designación del PCC y el CV por parte de Estados Unidos.
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México y Colombia
Sus grupos del crimen organizado, liderados por el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), operan con impunidad en alrededor de un tercio del territorio del país, según una evaluación del jefe del Comando Norte de Estados Unidos.
Los capos de la droga han desatado una masacre. Alrededor de 45.000 personas son asesinadas o desaparecidas cada año, la mayoría dadas por muertas. En comparación, toda la Unión Europea, con una población casi tres veces y media mayor, registró menos de 4.000 asesinatos en 2023.
El estado mexicano de Colima, que en su día fue un tranquilo destino playero del Pacífico, registró la tasa de homicidios más alta del país durante ocho de los últimos nueve años y se perfila para encabezar la clasificación nuevamente este año. También cuenta con el mayor número de fosas comunes per cápita del país, muchas de ellas ubicadas en las ondulantes colinas verdes de los límites del estado.
El estado de Colima alberga uno de los puertos más grandes de México, Manzanillo, que gestiona el 40% del tráfico marítimo de contenedores del país y es un punto de entrada clave para los productos químicos chinos utilizados para la fabricación de fentanilo. Esto lo ha convertido en un campo de batalla para el Cártel de Sinaloa y el CJNG.
“Lo que quieren los cárteles es controlar el puerto”, dice el reportero local de sucesos Roberto Macías Cruz. Para lograrlo, las bandas criminales envían a sus “guerreros” a luchar, añade.
Según los expertos, esto coincide con un patrón común en la región. «Los puertos se han vuelto muy importantes porque no se pueden transportar toneladas de cocaína de Brasil a Europa Occidental en avionetas como sí se puede hacer a Estados Unidos», afirma Farah, de IBI.
Los ciudadanos de toda América Latina exigen respuestas al problema.
Alrededor del 52% de los habitantes de los seis países más grandes de América Latina nombraron el crimen y la violencia como su principal preocupación, según una encuesta de Ipsos en julio, muy por delante de preocupaciones tradicionales como el desempleo o la pobreza.
Chinchilla dice que la frustración está llevando a dos extremos políticos en la región: uno que “simplemente prescribe más cárcel para todos” y el otro que “simplemente se adapta a nuevas formas de gobernanza criminal… porque atacarla generaría violencia”.
En Colombia, donde el Presidente izquierdista Gustavo Petro introdujo una política de “paz total” con los grupos armados, los críticos dicen que el gobierno ha abandonado en la práctica grandes extensiones del país a manos de mafias de la droga y ejércitos guerrilleros disidentes.
Petro personalmente está a favor de la legalización de la cocaína. En febrero pasado, afirmó que esta droga altamente adictiva, que estuvo implicada en la muerte de 29.449 estadounidenses en 2023, no era peor que el whisky. Si se ofreciera en tiendas, se vendería como vino.
En el otro extremo del espectro se encuentra El Salvador. El Presidente de extrema derecha Nayib Bukele ha alarmado a los activistas de derechos humanos, pero ha deleitado a sus admiradores en toda América con una implacable represión contra la delincuencia pandillera que ha llevado a cerca del 1,6% de la población adulta a la cárcel. El mandatario conservador de Ecuador, Daniel Noboa, intenta copiar algunos de los métodos de Bukele, y políticos con su estilo se postulan a las elecciones en toda la región.
En América Latina, las divisiones ideológicas y la animosidad personal hacen casi imposible la colaboración entre presidentes, aunque bancos regionales de desarrollo como el BID y la CAF han promovido iniciativas de seguridad e investigaciones sobre políticas para enfrentar el crimen organizado.
“El gran desafío para los Estados es crear marcos institucionales no represivos dentro de las democracias, a diferencia del modelo Bukele, donde simplemente se pone a todos en prisión y se espera que todos mueran”, dice Farah de IBI.
“Pero ese es un proceso a más largo plazo del que muchos países querrán emprender. Simplemente no tienen el tiempo, los recursos ni la voluntad política”.
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