La mayoría de los partidos brasileños apoyó hoy al presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, uno de los 49 políticos investigados por corruptelas en la estatal Petrobras, y afirmó que la crisis causada por el escándalo tiene su epicentro en el Gobierno de Dilma Rousseff.
Cunha compareció hoy en forma voluntaria ante una comisión de la Cámara de Diputados que investiga el asunto y se dijo convencido de que el gobierno intenta "transferir la crisis" al Parlamento, que tiene a 34 de sus miembros investigados por la red de corrupción detectada en la petrolera estatal.
El legislador sostuvo que la investigación abierta en su contra y a otros parlamentarios a pedido de la Fiscalía está "en gran parte apoyada en meras conjeturas e hilaciones", que consideró "ajenas a la realidad", e insinuó que por detrás de esa "maniobra" pudiera estar el propio Gobierno.
"Alguien pretende que la crisis atraviese la calle", afirmó en alusión a la proximidad entre la sede del Parlamento y el Palacio presidencial de Planalto, separados solamente por una avenida.
Cunha pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente del país, Michel Temer, pese a lo cual mantiene una línea crítica al Gobierno y encabeza un grupo disidente de esa formación, que es la fuerza electoral más importante del país.
El parlamentario fue citado por algunos de los exdirectivos y empresarios detenidos en el marco de las investigaciones en la petrolera estatal como uno de los políticos que habrían amparado las corruptelas y se beneficiado personalmente con dinero ilícito.
Según la Policía, las empresas privadas involucradas obtenían contratos amañados con Petrobras, cuyos precios eran inflados, y el excedente era repartido entre todos los miembros de la red de corrupción y los políticos que amparaban esas maniobras ilegales.
Cunha negó todas las sospechas en su contra, que se apoyaron en delaciones de detenidos que aceptaron colaborar con la justicia a cambio de una futura reducción de pena, y obtuvo un casi unánime respaldo de los diputados, que sembraron dudas sobre la actuación en el caso del titular de la Fiscalía, Rodrigo Janot.
El propio Cunha sostuvo que Janot pretende ser reelegido este año para ese cargo y apuntó que la responsable de su nombramiento, que luego debe refrendar el Parlamento, es la presidenta Rousseff.
El diputado Arnaldo Faría, del Partido Laborista Brasileño (PTB), fue el primero en respaldar las sospechas de Cunha y afirmó que el Congreso "debe descubrir quién es el jefe que está intentando forjar algo para culpar" a los legisladores por la corrupción en Petrobras.
En la misma línea se manifestaron parlamentarios de casi todos los partidos, incluso muchos de la base de apoyo a Rousseff, al tiempo que la oposición aprovechó para cargar contra la mandataria, cuya popularidad ha caído a cerca de un 20 % debido al impacto de la corrupción en Petrobras y la delicada situación económica del país.
"Hay que demostrar quién saqueó a Petrobras", dijo el diputado Izalci Ferreira, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien dijo estar convencido de que existen "muchos indicios" que pudieran comprometer tanto a Rousseff como a su mentor y antecesor en la Presidencia, Luiz Inacio Lula da Silva.
Según el diputado Paulo Pereira da Silva, del opositor partido Solidaridad, "el Gobierno intenta dividir su responsabilidad en la corrupción con el Congreso", que no tiene injerencia en ninguna de las operaciones en la petrolera estatal.
Esas tesis solamente fueron rechazadas claramente por el diputado Sibá Machado, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), quien sin embargo se mostró muy cuidadoso sobre la posible implicación de Cunha en el caso.
"No veo ninguna razón para que sea investigado", declaró sobre la situación del presidente de la Cámara de Diputados, pero también se plantó contra "la idea de que se quiere transferir la crisis al Congreso" e instó a los legisladores a "no politizar el asunto"
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