Se suman nuevos problemas para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los fiscales generales de Maryland y Washington DC presentaron una demanda ayer acusando que los pagos de gobiernos a las empresas del mandatario violan la Constitución de Estados Unidos.
Los dos fiscales generales, ambos demócratas, aseguran que Trump violó dos cláusulas anticorrupción de la Constitución al aceptar millones de dólares de gobiernos extranjeros y locales en pagos a sus empresas.
De acuerdo con el texto, esos “millones en pagos y beneficios de gobiernos extranjeros” los ha recibido desde que se mudó a la Casa Blanca. Hay que tener en cuenta, además, que optó “conservar la propiedad de su compañía” tras asumir el cargo.
Trump transfirió el control de su conglomerado empresarial a sus dos hijos adultos varones, Donald Jr. y Eric, para evitar posibles conflictos de intereses durante el tiempo en que ocupe la presidencia.
Sin embargo, el fiscal general de DC, Karl Racine, y el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, consideran que Trump “ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados, incluyendo el recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía”.
Los intereses de Trump no sólo dañan financieramente a Maryland y DC, al quitarle negocios a las firmas locales, sino que también violan cláusulas de “emolumentos” en la Constitución que prohíben que el presidente acepte regalos de gobiernos extranjeros sin aprobación del Congreso, o provenientes de gobiernos locales bajo cualquier circunstancia, argumenta la demanda.
La demanda es la primera acusación constitucional que realiza un gobierno estatal por el conflicto de intereses del presidente, quien posee un imperio inmobiliario. “Nunca antes un presidente actuó con tanta falta de respeto por su obligación constitucional”, afirmaron los fiscales.
Si un juez federal permite que el caso proceda uno de los primeros pasos sería pedir copias de las declaraciones fiscales de Trump -que se ha negado a hacer públicas hasta ahora- para conocer hasta dónde llegan sus tratos de negocios en el extranjero.
Testimonio de Sessions
La demanda podría abrir un nuevo frente para Trump en un momento en el que lidia con la investigación sobre si alguien de su campaña confabuló con el gobierno ruso para interferir en las elecciones de 2016.
El fiscal general Jeff Sessions testificará hoy en una sesión pública ante el comité de Inteligencia del Senado para explicar su rol en el despido del director del FBI James Comey y sus contactos con funcionarios rusos durante la campaña presidencial de Trump.
Una vocera del Departamento de Justicia explicó que Sessions pidió que la audiencia fuera abierta porque “cree que es importante para los estadounidenses escuchar la verdad directamente de él”.
Sessions testificará días después de que Comey acusará a Trump de metir sobre su despido y presionarlo para terminar una investigación al ex asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, sobre sus vínculos con funcionarios rusos. Esta sería, por lo tanto, una forma de contener los daños que provocó la declaración de Comey.
Prohibición de viajes
En otro de los frentes de batalla del mandatario, una segunda corte federal falló en contra del decreto revisado de Trump de limitar los viajes a las personas provenientes de seis países de mayoría musulmana, mientras la Corte Suprema evalúa si aceptar la petición de la administración de reinstaurar la medida.
El fallo de la Corte de Apelaciones de San Francisco concluyó ayer que el presidente excedió su autoridad al suspender el ingreso de personas de seis países de mayoría musulmana sin decir cómo el ingreso de estas personas dañaba los intereses estadounidenses. Se suma, además, a la derrota en un tribunal que ya se había negado a restablecer la orden ejecutiva original sobre viajes en el mes de febrero.
Casa Blanca anunciará esta semana plan de impulso a manufacturas
La administración Trump pretende anunciar esta semana un plan para reducir las regulaciones que estarían restringiendo el crecimiento de las manufacturas, lo que podría afectar los permisos medioambientales y las regulaciones laborales y de seguridad laboral, aseguró un funcionario del gobierno. El plan se elaboró luego de más de tres meses de estudio y consultas con la industria sobre las formas de modernizar las regulaciones y reducir la carga en las empresas manufactureras. Un funcionario con conocimiento de las recomendaciones del Departamento de Comercio afirmó que las complejas reglas para otorgar permisos de la Agencia de Protección Medioambiental serán un foco clave. Muchos de los 171 comentarios entregados por las empresas y grupos industriales hacen referencia a la redundancia de las normativas para la entrega de permisos sobre calidad del aire para las nuevas instalaciones. Por otra parte, los minitros de Medio Ambiente del G7 informaron ayer a través de un comunicado que EEUU se rehusó a firmar la declaración sobre cambio climático y planes para financiar un desarrollo sostenible del grupo. Washington explicó que no firmó como reflejo de "nuestro anuncio reciente de retirarnos y cesar de inmediato la implementación del Acuerdo de París y compromisos financieros asociados".
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