El gobierno de Bolivia mantiene ocho
procesos con firmas extranjeras cuyas filiales en el país han sido
nacionalizadas o está previsto que lo sean, informó hoy el ex
ministro de Defensa Legal Héctor Arce.
Arce, que fue relevado ayer de esta cartera para ser candidato a
diputado en las elecciones de diciembre, explicó en conferencia de
prensa que dos de los ocho procesos están "en trámite de arbitraje
internacional", en tanto que los otros seis casos son objeto de
negociación con las empresas para no llegar a un juicio.
Uno de los procesos es el interpuesto por la compañía Telecom
Italia, por US$ 350 millones, por la nacionalización de sus
acciones en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel),
ocurrida en mayo de 2008 sin previo acuerdo sobre indemnizaciones.
Arce insistió en que este juicio ha sido interrumpido por el
rechazo de Bolivia a la jurisdicción del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), al cual el
Gobierno de Evo Morales renunció en mayo de 2007.
El segundo pleito es con la chilena Quiborax, cuyas concesiones
mineras en el salar de Uyuni, en el suroeste del país, fueron
anuladas en 2004 por el entonces presidente Carlos Mesa (2003-2005).
Sin embargo, las autoridades bolivianas prevén que el conflicto
se solucionará en las próximas semanas, puesto que la compañía tiene la intención de renunciar al arbitraje y a una compensación
por parte de Bolivia, señaló Arce.
Agregó que las carteras de Defensa Legal y de Minería elaboran un
borrador del acuerdo en el cual se harán oficiales estas
intenciones.
Los otros seis procesos que están en fase de negociación
corresponden a las áreas de hidrocarburos, minería, servicios
aeronáuticos y energía eléctrica.
Una de las empresas con las que dialoga el Ejecutivo es la
británica British Petroleum (BP), que advirtió con iniciar
arbitrajes por la nacionalización de sus acciones en la empresa
Chaco en mayo de 2008 y en la proveedora de combustibles para la
aviación Air BP este año.
Lo propio han hecho los accionistas de la Compañía Logística de
Hidrocarburos de Bolivia (CLHB), de capitales peruanos y alemanes,
cuya empresa también fue intervenida por el Gobierno el año pasado
al no haber llegado a un acuerdo de compra.
En estos tres casos, está pendiente una valoración al patrimonio
de las firmas para establecer cuánto pagará el Estado por su
nacionalización, tarea a cargo de la estatal Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Además, el gobierno de Morales ha sido notificado del inicio de
un proceso arbitral por la suiza Glencore, cuya fundidora Vinto fue
expropiada a principios del 2007.
El ministerio boliviano de Obras Públicas negocia con las
españolas AENA y Abertis para la nacionalización de su filial
Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA), que administra las
tres terminales aéreas más grandes del país.
Finalmente, el Ejecutivo inició en julio una negociación con las
empresas generadoras de electricidad del país, participadas
parcialmente por capitales privados extranjeros y bolivianos, con el
propósito de nacionalizarlas, proceso que, según Arce, es "prioridad
para el Estado nacional".
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
