Comisión Europea podrá forzar a un país a pedir el rescate financiero

Los 27 socios de la Unión Europea (UE) y los representantes del Parlamento Europeo hoy alcanzaron un acuerdo prácticamente definitivo sobre dos nuevos Reglamentos de disciplina presupuestaria, según informa el diario español Cinco Días.

Los dos textos presentados, deben ser ratificados formalmente por el pleno del Parlamento y por el Consejo de Ministros de la UE. El trámite no plantea objeciones políticas y podrá completarse en las próximas semanas.

"Esto significa que la zona euro ya podrá beneficiarse durante el ciclo presupuestario de 2014 de un marco político más eficaz", señaló ayer el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn.

Facultades de los reglamentos

Según el periódico español, uno de los Reglamentos faculta a la Comisión Europea (CE) a proponer la intervención de un país cuando su situación financiera "suponga un riesgo para la estabilidad financiera de la zona euro".

De esta manera Bruselas evitaría la resistencia de las capitales a pedir el rescate, una situación que ya se produjo en el caso de los rescates completos de Irlanda y Portugal o en el de la banca española.

El eurodiputado del grupo Popular, Jean-Paul Gauzés, aseguró que "con estas normas, hubiéramos evitado los problemas en algunos países que llegaron a amenazar al conjunto de la zona euro".

Sin embargo, la aplicación de ellos planteará un dilema político entre los intereses del Gobierno de turno y la posición de sus socios en la zona euro. Así su aplicación práctica será muy delicada en casos como el vivido por España a finales de 2012, cuando el rescate parecía inevitable desde el punto de vista de Bruselas mientras que el Gobierno de Mariano Rajoy consideró más apropiado esperar antes de tomar la decisión, según Cinco Días.

El otro Reglamento obliga a los socios europeos a presentar en otoño el proyecto del presupuesto para el siguiente ejercicio. Y aunque no podrá vetar su aprobación ni exigir cambios, la CE dispondrá de la posibilidad de emitir un dictamen declarando el proyecto incompatible con el Pacto de estabilidad y con las recomendaciones dictadas en el marco de la supervisión presupuestaria europea.