La segunda fuerza parlamentaria de Argentina anunció hoy que votará en contra del proyecto del gobierno para traspasar al Estado los fondos de jubilación privada,
mientras legisladores del oficialismo reclaman cambios a la
iniciativa.
En tanto, desde el sector empresarial la intención del Ejecutivo
de anular el sistema implantado en 1994 fue calificada como un
"manotazo a la propiedad privada".
El proyecto presentado el martes último al Parlamento comenzará a
ser debatido el próximo martes en comisiones de la Cámara de
Diputados, donde el peronismo gobernante es mayoría y se ha puesto
un plazo de tres semanas para conseguir su aprobación.
Sin embargo, legisladores oficialistas plantearon reparos a la
iniciativa, principalmente por la falta de precisiones sobre el
destino que se dará a los fondos que pasarán de las Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) al Estado.
"El dinero de los aportes no es ni del Gobierno ni de las AFJP.
Estamos de acuerdo con el traspaso de los fondos al Estado (...),
pero propondremos modificaciones para que no puedan ser utilizados
para gastos corrientes y pago de deuda pública", aseguró al
periódico La Nación el diputado peronista Jorge Obeid.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) aclaró que
"nadie podrá tocar" los recursos de las diez AFJP, controladas
mayormente por bancos y aseguradoras de capitales europeos,
estadounidenses y argentinos, cuando pasen a ese organismo público.
Los fondos de la jubilación privada, cuyos activos suman unos
30.000 millones de dólares entre bonos públicos y privados, acciones
y depósitos a plazo, "serán administrados solamente" por la ANSES,
que tendrá autonomía económica, "lo que reclama siempre la
oposición", agregó.
Pero luego de manifestar coincidencias con la iniciativa del gobierno, la opositora Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza
parlamentaria de Argentina, anunció que votará en contra tanto en la
Cámara de Diputados como en el Senado.
"Este proyecto es malo, precario, un mamarracho", indicó el
titular de la UCR, Gerardo Morales, quien acusó al Ejecutivo de
"estar tomando un atajo para quedarse con el dinero de los
jubilados".
Las principales fuerzas políticas de Argentina coincidieron desde
hace años en la necesidad de anular la jubilación privada, pero la
oposición aseguró que esta reforma busca financiar gastos y la deuda
pública en desmedro de los intereses de los 9,5 millones de
afiliados a las AFJP.
Las sospechas se ven acentuadas porque el año próximo habrá
elecciones para renovar el parlamento, lo que hace prever aumentos
en el gasto público cuando los expertos vaticinan un menor
crecimiento económico y de la recaudación de impuestos como
consecuencia de la crisis financiera mundial.
El presidente de la filial local de la automotriz Fiat, Cristiano
Ratazzi, dijo que el proyecto del oficialismo es un "manotazo a la
propiedad privada" y advirtió que si prospera "habrá problemas en
los créditos, especialmente los destinados al consumo".
"Va a traer desempleo. Es una decisión que mejorará las cuentas
públicas, pero trae mucha incertidumbre y tristeza", declaró a la
emisora local Radio 10 el empresario, quien advirtió que la
iniciativa está haciendo "caer el mercado de capitales".
La presentación de la reforma del sistema de jubilaciones desató
un derrumbe en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que hoy abrió
con una caída superior al 4%.
Un juez argentino prohibió este martes a todas las AFJP operar en
el mercado por siete días para no modificar la composición de su
cartera de inversiones, con fondos por 98.000 millones de pesos
(unos US$30.600 millones), colocados principalmente en bonos
públicos (55%) y en acciones y deuda privada (14%).
Las administradoras pidieron al magistrado que les permita
disponer de fondos del sistema para poder pagar a término los
beneficios de 298.000 jubilados y pensionados que cobran mediante
una modalidad que prevé la extracción mensual de recursos
directamente del fondo capitalizado por los afiliados.
Además, las AFJP advirtieron que la resolución judicial adoptada
a partir de una denuncia por presunta defraudación a la
administración pública podría afectar el pago de las jubilaciones,
ya que por estos días deberían comenzar las liquidaciones de las
remuneraciones de noviembre.
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