Los recientes desencuentros por las pensiones de los militares y un acuerdo de terrenos han amargado las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo. Desde el fin de la última dictadura militar en 1979, los militares han jugado un rol político complicado. Pese a que generalmente se ha mantenido una distancia institucional clara y neutralidad frente al gobierno civil, la inestabilidad política en 1997, 2000 y 2001 generó una intervención, quitándole apoyo a los presidentes en problemas y contribuyendo a la resolución pacífica de las crisis políticas.
La crisis actual, sin embargo, refleja la insistencia del presidente Rafael Correa de que los militares lo reconozcan como un “comandante en jefe” libre, una posición que no existe bajo la Constitución de 2008, pero que Correa reclama para sí.
El presidente demanda que el rol “no deliberativo” de los militares implique obediencia en todas las circunstancias. Más notablemente, esto implica un desacuerdo sobre un acuerdo de bienes raíces de 2010 en el cual Correa afirma que el Ministerio de Medio Ambiente sobrepagó por terrenos que compró al Ejército; el presidente ahora demanda que los militares devuelvan US$ 41 millones de los US$ 48 millones que el gobierno pagó.
En lugar de obedecer sin cuestionar las órdenes de Correa y el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, los militares han demandado que una corte independiente decida si deben devolver el dinero.
La plana mayor del Ejército también ha demandado públicamente que Correa se retracte de las críticas sobre la estructura de la seguridad social y fondo de pensiones de los militares, que Correa calificó como un “esquema de Ponzi”, y sobre una supuesta discriminación de las escuelas navales.
Los sistemas de pensiones del Ejército y de la policía han sufrido dificultades operacionales recientemente, debido al atraso en las contribuciones obligatorias del gobierno. El Ejército asegura que el gobierno le debe cerca de US$ 361 millones.
Esta disputa con el Ejército representa un riesgo político para Correa, ya que las Fuerzas Armadas son más populares que el presidente, y la institución más respetada del país. Esto podría ayudar a los militares a conseguir más apoyo para el sentimiento anti-Correa entre la población general.
Si la economía se deteriora significativamente y Correa pierde apoyo popular, los militares podrían sentir menos remordimientos por repetir su actuar en 1997, cuando reemplazaron al entonces presidente con un liderazgo interino. Sin embargo, este escenario se mantiene como remoto.
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