El Gobierno argentino advirtió hoy a
los fondos de jubilación privada que "no operen en contra" del país,
tras retomar las operaciones en el mercado local después de
levantarse la veda judicial establecida la semana pasada, cuando se
anunció el proyecto oficial de traspasar sus activos al Estado.
El director de la Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES), Amado Boudou, dijo que mantuvo una reunión "muy seria, muy
razonable" con los directivos de las diez Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), a quienes pidió que "mantengan
la liquidez" en el sistema financiero local, donde son uno de los
mayores jugadores.
La reforma anunciada el martes pasado supone el traspaso al
Estado de los activos de la jubilación privada (unos US$30.000 millones), parte de ellos invertidos en acciones de empresas
líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
"No deberían ir a meter mayor presión al mercado del tipo de
cambio ni operar contra el valor de los bonos públicos", comentó
Boudou, al expresar su confianza en que "haya tranquilidad" en los
mercados.
La polémica desatada a raíz del proyecto oficial se centró además
en la situación de los trabajadores de las AFJP, que rechazan la
iniciativa.
Con el fin de calmar los ánimos, el ministro argentino de
Trabajo, Carlos Tomada, emitió hoy una resolución que asegura que "a
través de las áreas competentes se realizarán todos los actos
necesarios tendentes a preservar el empleo de los dependientes de
las AFJP".
A pesar de las promesas oficiales, el sindicato de empleados de
los fondos de pensión ratificó una marcha de rechazo a la reforma
prevista para mañana, cuando el Gobierno librará la primera batalla
parlamentaria para aprobar su proyecto.
El Ministerio de Trabajo indicó hoy en un comunicado que comenzó
a recopilar "toda la información disponible para ayudar a reinsertar
a los trabajadores que pudieran ser afectados" por la reforma, pese
a que fuentes oficiales habían afirmado que el Gobierno garantizaría
el empleo a los 10.171 trabajadores de los fondos de pensión
privada.
La resolución contempla la creación de un comité que mañana prevé
reunirse con los sindicatos del sector y los representantes de las
AFJP para analizar medidas "para la preservación del empleo".
Boudou subrayó que si "fracasa el diálogo", los fondos de pensión
"tendrán que acatar" las medidas de la Superintendencia de AFJP, el
organismo público que las controla y también dirige el funcionario.
Confirmó además que se acelerará el proceso de "repatriación" de
inversiones de los fondos de pensión en el exterior, el grueso en
títulos del mercado de Brasil.
El 55% de las colocaciones de las AFJP están en bonos
soberanos argentinos y otro 14% en acciones y títulos de
deuda privada, entre ellas participaciones que van del 6 al 24 por
ciento en los paquetes accionariales de 15 empresas líderes de la
Bolsa de Buenos Aires.
Los fondos de pensiones, controlados por bancos y aseguradoras
argentinas, estadounidenses y europeas, tienen además colocaciones a
plazo y fideicomisos que financian el crédito al consumo.
Pese a los augurios de analistas privados, el crédito al consumo
no se ha desplomado, como ocurrió con el índice Merval de empresas
líderes de la bolsa bonaerense, que la semana retrocedió al nivel de
mediados de 2004 al acumular pérdidas del 26,8% y hoy cayó
un 5,67%.
El Banco Central mantiene una política de intervención para
impedir que se dispare el precio del dólar, que la semana pasada
subió el 1,85 por ciento, hasta los 3,29 pesos y hoy alcanzó 3,31
pesos.
Dos de las empresas participadas por los fondos de pensión han
anunciado ofertas públicas para rescatar parte de sus acciones, cuyo
desplome por la crisis financiera internacional se acentuó el martes
pasado, tras la propuesta del Gobierno para terminar con 14 años de
jubilación privada.
Tomada y Boudou comparecerán mañana ante las comisiones de la
Cámara de Diputados en la primera batalla por lograr la aprobación
del proyecto, rechazado por las principales fuerzas de oposición que
acusan al Gobierno de querer "saquear" la jubilación privada.
El oficialista Frente para la Victoria, que reúne a 125 de los
257 escaños de diputados, negocia con una treintena de legisladores
que prometieron su apoyo a cambio de garantías legales que impidan
que los fondos de jubilación privada se usen para el gasto público,
como ha sido tradición en el país.
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