Gobierno español analiza privatización de sus puertos más rentables

Una de las pocas infraestructuras de transporte en España que crece y registra ganancias en plena crisis son los puertos. Ahora, están en la mira del gobierno, el que ha mantenido contactos con distintas entidades financieras, como Nomura y UBS, para analizar la privatización del sector, que contemplaría determinados activos bajo un esquema de concesión a largo plazo que valoraría la operación entre 6.000 millones de euros 
(US$ 7.724 millones) y 8.000 millones de euros, según fuentes consultadas por el diario Expansión.

La potencial privatización de los puertos -que podría ser muy atractiva para inversionistas latinoamericanos de navieras o fondos de inversión especializados en infraestructuras- se encuentra en una etapa técnica sin que todavía haya recibido el visto bueno político. No obstante, algunas fuentes señalan que fue una de las opciones que el gobierno barajó incluir en el último plan de reformas presentado el 26 de abril. Altos cargos de la administración apuntan que, si la iniciativa no se pone en marcha este año, será difícil que prospere en este mandato, ya que la privatización exige previamente reformas legales que dilatarían el proyecto.




A favor del largo plazo


La fórmula que más apoya el gobierno para dar entrada al capital privado son las concesiones a largo plazo. De los 28 puertos que integran el sistema, se ha realizado una selección de los puertos con mayor atractivo económico, entre los que figuran los mediterráneos, Palma de Mallorca, Huelva, Canarias y Bilbao.

En total, son diez puertos que tras la reformas legales, se cederían a la iniciativa privada mediante un contrato de concesión que podría llegar a 50 años. La titularidad seguiría siendo pública. 



Modificar la ley


Para dar ese paso, el gobierno deberá cambiar primero la ley sectorial para transformar los actuales entes públicos en sociedades anónimas. Según los expertos, éste es uno de los asuntos más complicados, ya que es muy probable que el gobierno se choque en el parlamento con la oposición de las fuerzas políticas nacionalistas, ya que los puertos han sido tradicionalmente un gran instrumento de poder local.

De hecho, los directorios de las autoridades portuarias están repartidos por autonomías y ayuntamientos. El Estado tiene la tarea, entre otras competencias, de dar el visto bueno a los planes de empresa de cada puerto y la actualización de las tasas.

En función de los resultados de 2012, la privatización podría generar unos ingresos extraordinarios para el Estado superiores a 6.000 millones de euros, según los analistas consultados por el diario español.

El sistema portuario cerró el año pasado con un resultado Ebitda de 636 millones de euros, un 13% más que el año anterior, mientras que los ingresos se incrementaron 4% a 1.030 millones de euros. Las utilidades, en tanto, fueron de 236 millones de euros, lo que representa una mejora de 44%, un récord histórico.