Los fiscales federales están sentando las bases para acusar penalmente a empresas e individuos que intenten evadir los aranceles estadounidenses mientras el presidente Donald Trump prepara una nueva ronda de gravámenes la próxima semana.
Los funcionarios de aduanas estadounidenses han buscado durante mucho tiempo frustrar los intentos de evadir aranceles mediante estrategias relativamente comunes, como cambiar el país de origen de las importaciones o clasificar erróneamente las mercancías en los formularios. Sin embargo, históricamente, estos problemas se han solucionado mediante multas o acuerdos civiles, y rara vez mediante acciones penales.
Pero ahora, el Departamento de Justicia afirma que está incorporando "personal significativo" a una nueva unidad para centrarse en el fraude comercial y otros delitos corporativos. Mientras tanto, los fiscales de las fiscalías estadounidenses han estado solicitando registros de transacciones con bienes extranjeros durante la administración Biden para armar casos, lo que podría sentar las bases para actuar contra los acusados de eludir los nuevos aranceles.
“Si bien algunos actos negligentes o errores administrativos pueden manejarse más apropiadamente por la vía civil, la aplicación de medidas penales es apropiada para infracciones legales significativas”, declaró Matthew Galeotti, director de la división penal del departamento. “Cuando los importadores hacen trampa, por ejemplo, infravalorando las mercancías o declarando erróneamente el país de origen, evitan el costo total de importar productos a Estados Unidos”.
La iniciativa del Departamento de Justicia coincide con la promesa que Trump hizo en abril de imponer consecuencias "muy severas" por el incumplimiento de los aranceles que impone a nivel mundial. No está claro cuánto se ha avanzado en la investigación de la posible evasión de los impuestos de su administración. Las investigaciones pueden tardar meses y algunos de los nuevos aranceles se implementaron hace apenas unas semanas; se prevé que otros entren en vigor el 1 de agosto.
Las autoridades estadounidenses afirman que la evasión arancelaria puede costarle al gobierno miles de millones de dólares al año en pérdidas de ingresos. La fiscalía está investigando industrias como el acero, el aluminio, los textiles y los bienes de consumo, afirmó Galeotti. La iniciativa incluye una unidad de fraude financiero que fue reasignada para centrarse en las empresas que evaden los aranceles aduaneros.
Los fiscales están buscando posibles violaciones de los gravámenes establecidos durante la administración Trump y aquellos anteriores a su toma de posesión en enero, según personas familiarizadas con el asunto.
Las oficinas de fiscales estadounidenses fuera de Washington han solicitado recientemente información sobre envíos anteriores y comunicaciones que las empresas tuvieron con otros en sus cadenas de suministro durante la administración Biden, dijeron algunas de las personas, quienes al igual que las demás pidieron no ser identificadas debido a que se trata de comunicaciones confidenciales.
Los fiscales tradicionalmente recurren a agencias como la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, sigla en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, sigla en inglés) para que les presenten ejemplos flagrantes de evasión arancelaria que podrían derivar en cargos civiles o penales. La CBP también parece haber intensificado su escrutinio sobre las empresas sujetas a aranceles más altos.
Ana Hinojosa, uan exalta funcionaria de aduanas que ahora asesora a empresas en materia comercial, dijo que algunos clientes habían recibido recientemente solicitudes “muy específicas” de la CBP para obtener información sobre la clasificación de mercancías y las relaciones entre vendedores y compradores.
“Es el tipo de trabajo de preparación que realizan sobre empresas que sospechan que podrían, en el mejor de los casos, haber cometido un error o, en el peor, haber cometido fraude”, dijo Hinojosa.
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