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REGÍSTRATE AQUÍModificación legal también extiende prohibición de reingreso a hasta ocho años.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 31 de enero de 2017 a las 04:00 hrs.
El gobierno de Mauricio Macri en Argentina emitió ayer un decreto que modifica la Ley de Migraciones y acorta los tiempos para definir la expulsión de personas de nacionalidad extranjera con antecedentes penales, al tiempo que impone controles más estrictos para evitar que operen y permanezcan en el país.
“En los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”, señala el documento publicado ayer en el boletín oficial. Agrega que “ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”.
El decreto establece que no podrán ingresar al país ni permanecer en él las personas que presenten documentación falsa o adulterada y omitan información sobre sus antecedentes penales, así como quienes hayan sido condenados, cumplan una condena, o tengan antecedentes o condena “no firme” en Argentina o el exterior por “delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad”.
Tampoco podrán ingresar aquellos vinculados con “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas” ni quienes hayan estado involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.
Asimismo, la medida reduce en un 50% (de 180 a 90 días corridos) el plazo para la “autorización de permanencia precaria”, que es la que obtienen los extranjeros que iniciaron los trámites para obtener algún tipo de residencia en el país. Además, mientras hasta ahora la prohibición para reingresar al país luego de una expulsión era de cinco años, con la modificación será de ocho años por delitos dolosos y cinco años por delitos culposos.
Fernando Echeverría cuestionó la rigidez de los contratos estatales y el traspaso de riesgos hacia las constructoras. Además, acusó una “competencia desleal” de empresas extranjeras que ofertan por “precios ridículos”.
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