En el lapso de tres semanas, durante abril, la Justicia interrogará a una larga fila de funcionarios kirchneristas que encabezará nada menos que la ex presidenta Cristina Fernández y que también incluirá al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex titular del banco central Alejandro Vanoli, aunque también afectará a empresarios cercanos al gobierno anterior, como el santacruceño Lázaro Báez.
El miércoles trece, la ex presidenta se presentará en el juzgado de Claudio Bonadio a declarar sobre su rol en las operaciones de dólar futuro realizadas por el banco central a fines del año pasado, en el final de la gestión kirchnerista. Un día antes, el doce, quien deberá estar frente a frente con Bonadio es Kicillof, en tanto que el siete de abril será Vanoli el indagado por el juez.
Entre agosto y noviembre del año pasado, el BCRA vendió a 10,60 pesos argentinos y 10,80 pesos argentinos por unidad contratos de dólar futuro a los plazos que pedía el sector privado, entre febrero y junio-julio de este año, a través del Mercado a Futuro de Rosario y del Mercado Abierto Electrónico, a pesar de que en el momento de la transacción, tanto en los mercados de Nueva York, como en el de capitales locales, a través de la operatoria conocida como “contado con liqui” la divisa cotizaba entre 14 pesos y 15 pesos.
A fines de octubre del año pasado, los legisladores de Cambiemos Federico Pinedo y Mario Negri radicaron la denuncia contra Vanoli.
En ese momento, el entonces diputado y actual ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay consideró que “están dejando ex profeso sin reservas al banco central regalando los dólares que no tienen para complicarle la vida al nuevo gobierno”.
A partir de ahí, Bonadio instruyó la realización de una serie de indagatorias que, además de Vanoli y otros funcionarios del BCRA, abarcó a Kicillof y Fernández.
El ex ministro puso en duda su presencia ese día y consideró que “a nosotros estando en el gobierno nos correspondía llevar adelante nuestra política económica, y eso de ninguna manera configura un delito, eso no tiene ni pies ni cabeza”.
El raid de declaraciones podría extenderse en los próximos meses si avanzan diferentes investigaciones que los comprometen.
Por ejemplo, se esperan medidas en el caso Hotesur, en el que se investiga a Cristina Fernández y a su hijo Máximo Kirchner, al tiempo que se aguardan decisiones importantes en expedientes que involucran al ex ministro de Planificación Julio De Vido, como el que investiga el pago de sobreprecios en la compra de Gas Natural Licuado.
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