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REGÍSTRATE AQUÍLa ex mandataria acusó a juez federal y a diputada por “falsa denuncia” en su contra.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 7 de julio de 2016 a las 04:00 hrs.
El juez federal argentino, Claudio Bonadio, dictó ayer la inhibición general de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández en la causa por la venta de dólares a futuro.
La ex mandataria acudió a los tribunales federales para ser notificada de su procesamiento y embargos con relación al caso.
A su salida de Comodoro Py, Fernández aseguró que “quedó demostrado el hostigamiento” judicial en su contra. Además, dijo haber denunciado ante el fiscal Gerardo Pollicita al juez Bonadio y a la diputada Margarita Stolbizer por una presunta “falsa denuncia (...) en mi contra y de mi familia con información falsa de una allanamiento de nuestro contador de toda la vida”, explicó. Según acusó, existe un “tráfico de información y de documentación entre el juez, la denunciante y sus asesores”.
Además, la ex presidenta se quejó de que Bonadio la citara en Comodoro Py para “hacer sólo una firma”, y consideró que el trámite judicial “se podría haber hecho en cualquier otro lado, por ejemplo en Río Gallegos”, provincia donde reside.
Dolarización de ahorros
En tanto, Fernández declaró haber convertido a dólares sus ahorros en pesos en plazos fijos, porque desconfía de la política económica de Mauricio Macri.
“Dolaricé mi plata porque no se qué va a pasar con la economía”, aseguró la ex mandataria. “Los movimientos de pesificación de los plazos fijos en dólares durante el ejercicio de mi presidencia, primero, y la dolarización de los mismos en el corriente año, después haber terminado mi mandato, se hicieron de acuerdo a la normativa vigente para la compra y venta de divisas del Banco Central”, sostuvo.
Ayer también declaró, a través de un escrito, el empresario Lázaro Báez por presunto lavado de dinero en relación al caso “ruta del dinero K” que vincula a la ex jefa de Estado.
La startup migró de un marketplace tradicional a un sistema de emparejamiento con inteligencia artificial que le permitió pasar de 7 mil a 20 mil alojamientos en seis meses y operar en 10 países.
La misma comisión que recomendó adjudicar la obra a ICRR cambió su evaluación un mes después y descartó las dos ofertas. La empresa recurrió contra la decisión y denunció ante el primer mandatario un “actuar anómalo” del ministerio.
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