El gobierno de Brasil decidió, en una reunión sostenida el domingo por la noche en el Palacio de Jaburu, mantener la regla de transición más dura para los funcionarios públicos en el proyecto de reforma de pensiones presentado el miércoles por el relator, diputado Arthur Maia. "Si se cambiara la regla, no sería para ayudar a los más pobres. Ese posible cambio sería para ayudar a los más ricos, aquellos con mayores beneficios, entonces, no la vamos a cambiar", dijo el líder del gobierno en el Congreso, diputado André Moura (PSCSE).
Los ministros y líderes de los partidos de base oficialista fueron llamados a conformar una fuerza de trabajo para concientizar a los diputados de que la propuesta ya fue alterada de acuerdo con sus demandas y que ahora es preciso aprobar el texto.
También se prohibió a los ministros fijar audiencias o ceremonias durante los horarios de la votación en la cámara y que los diputados salgan de la coalición gobernante en misiones oficiales al exterior.
La idea es votar la reforma en la comisión especial el 2 de mayo y en el plenario "a partir del día 8", cuando esté "madura" para ser aprobada. Uno de los articuladores del gobierno prevé que eso debe ocurrir entre el 10 y el 20 de mayo, pero no está descartado que el primer turno de la propuesta sea a fines del mismo mes.
Impacto judicial
El gobierno quiere que la reforma sea aprobada este semestre, pero el ministro jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha, admitió que la Cámara puede demorar más. En entrevista con Valor, el funcionario reconoció que las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht tuvieron un impacto en el poder Legislativo, pero que eso no debe paralizar al gobierno ni al Congreso.
Aunque lo niega en público, el gobierno está preocupado de que las protestas agendadas para los próximos días 28 de abril y 1 de mayo contaminen el ánimo de los diputados.
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