Durante las próximas semanas en España se van a repetir constantemente promesas de rebajar impuestos, ampliar el Estado del Bienestar o mejorar las infraestructuras. Sin embargo, será muy complicado que estos planes se lleven a cabo, porque el Ejecutivo que salga de las urnas el 28 de abril se encontrará con una herencia envenenada: un desvío presupuestario de hasta 16 mil millones de euros (el desfase más elevado respecto a los objetivos desde 2011) que tendrá que ajustar en un tiempo récord, ya que la constitución de las Cortes no se producirá hasta finales de mayo y las negociaciones podrían demorarse todavía más.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advertía hace unos días de que el rechazo a los Presupuestos dispararía el déficit al 2,4% del PIB, 1,1 puntos más (o 13.800 millones de euros más) que lo pactado con la Comisión Europea.
Esto se debe a que las Cuentas incluían un plan de medidas fiscales por valor de 5.600 millones de euros, que ya no se introducirían, mientras que algunas partidas de gasto (como la subida de las pensiones o de los salarios públicos) habían entrado ya en vigor. Y a esto habría que sumar algunas trampas contables que la propia ministra Montero reconocía de forma implícita, sumado posiblemente a los menores ingresos derivados de un crecimiento inferior a lo previsto.
Sin embargo, desde entonces el Ejecutivo no ha dejado de anunciar nuevas medidas de gasto para los llamados "viernes sociales" (o electorales), que se prolongarán hasta los comicios del 28 de abril y supondrán un sobrecosto adicional de otros 2.300 millones.
Es el caso por ejemplo de la progresiva igualación de los permisos de maternidad y paternidad, la cotización por parte del Estado de para las cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia, la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años o la mejora de las prestaciones familiares.
Además Moncloa no sólo está ultimando la contratación de 30 mil funcionarios más, sino que Hacienda repartirá otros 6 mil millones de euros más a las comunidades. No obstante, esta última cifra no computa como déficit del conjunto de las Administraciones, ya que minorara el agujero de las comunidades.
Todo ello provocará que el futuro gobierno tenga que acometer un ajuste de hasta 16 mil millones de euros para cumplir con los compromisos europeos, aunque es posible que Bruselas relaje sus exigencias ante la dificultad de hacerlo tan rápido y permita que buena parte de la carga se traslade al próximo ejercicio, con el fin de evitar un fuerte impacto sobre la economía.
De hecho, los economistas temen que la necesidad de ajustar los ingresos y gastos rápidamente lleve a actuaciones allí donde se puede obtener dinero más fácilmente, aun a costa de lastrar el crecimiento (como es el caso de la paralización de obra pública, las ayudas a sectores clave o a la subida de impuestos a las empresas) en lugar de las áreas menos lesivas para la economía, pero que exigen más detenimiento (la grasa de la Administración o distintos incentivos perversos).
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