Los gobernadores regionales de Brasil se mostraron satisfechos con el acuerdo que permitirá que los estados adopten medidas de ajuste fiscal a cambio de 5.300 millones de reales (US$ 1.563 millones) de multas de repatriación. Según lo pactado, cada localidad se compromete a contener el déficit de seguridad social y a limitar el crecimiento del gasto primario a partir de 2017, ya sea por la inflación o renta variable.
El gobernador de Piauí, Wellington Días (del Partido de los Trabajadores), dio por cerradas las negociaciones entre el ejecutivo federal y los jefes regionales sobre el reparto de los recursos de las multas de repatriación entre los estados. “Fuimos atendidos por el presidente Temer sobre lo que defendíamos, que era el compromiso de controlar el gasto con el fin de invertir y hacerlo de acuerdo a la realidad de cada estado”, dijo Días en una conversación con el diario Valor. Según el miembro del PT, que asistió al encuentro de gobernadores con el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, el miércoles pasado, hubo un compromiso de que 5.300 millones de reales en multas de repatriación se depositarán a los estados, en proporción con el Fondo de Participación de Estados (FPE), el 20 de diciembre. Los estados, a su vez, se comprometieron a retirar sus demandas ante el Supremo Tribunal Federal (STF) y no presentar más demandas en la materia.
Según Días, los gobernadores acordaron tomar medidas para reducir el déficit de la seguridad social, pero aumentar la contribución a los funcionarios públicos de acuerdo con los estudios actuariales de cada estado. “Todos los gobernadores lo harán tomando en cuenta las diferencias en cada estado”, afirmó. En Piauí, donde el déficit de la seguridad social es 20 mil millones de reales, el porcentaje de contribución de los funcionarios públicos ha aumentado de 10% a 12%, y hay una expectativa de un nuevo ajuste. “Estoy esperando la finalización de los estudios para hacer eso”, dijo.
De acuerdo con George Santoro, el secretario de Hacienda de Alagoas, lo que permitió el acuerdo es dejar a que los estados establezcan criterios para limitar el crecimiento del gasto –la inflación o el cambio de los ingresos corrientes netos– y también la retirada del cálculo de la pensión. Con la posibilidad de que las regiones adopten el cambio en el ingreso como un techo, dijo Santoro, se resuelva el problema del aumento de gastos que están relacionados con el nivel de ingresos, como el caso de salud y educación.
En Goiás, el gobernador Marconi Perillo (del Partido de Social Democracia Brasileña, PSDB) envió la propuesta de enmienda constitucional a la Asamblea Legislativa, con medidas más estrictas. Según el documento, el techo para el aumento de los gastos es el cambio en la inflación o en los ingresos; lo que sea menor. “Los estados son libres de elegir el contenido y algunos pueden elegir el que sea mayor”, dijo Ana Carla Abram, la secretaria de Hacienda de Goiás.
Perillo también incluyó en el documento los proyectos de ley para reducir los costos de personal, aumentar las contribuciones para pensiones de 13,25% a 14,25%, y prohibir proponer subdivisión de impuestos por diez años.
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