El Tribunal Federal de Brasilia determinó ayer el bloqueo de bienes por un valor de un millón de reales (US$ 317.260) del banquero Joseph Safra y de otras cinco personas sospechosas de haber pagado sobornos en el ámbito de la Operación Zelotes de la Policía Federal. La decisión preliminar responde a una solicitud del Ministerio Público Federal (MPF).
El juez sustituto Rodrigo Parente Bantemuller asegura que existe evidencia práctica de conducta inapropiada, lo que justificaría la decisión de bloquear los activos involucrados.
En diciembre, el tribunal cerró el caso criminal contra el multimillonario banquero libanés-brasileño por falta de pruebas.
En un comunicado, la oficina de prensa del Grupo Safra dijo que la inclusión de su líder en la nueva demanda promovida por el MPF es “arbitraria”. Además, Luiz Francisco de Carvalho, abogado del Banco Safra –uno de los diez más grandes del país–, afirmó que la acción civil es extraña porque su defendido ya había sido excluido de la acción penal por los mismos hechos, por falta de causa. “Él no es culpable. No tiene sentido incluirlo en una acción posterior por la misma causa”, agregó.
Además de Safra, fueron afectados por la decisión los empresarios Jorge Victor Rodrigues, João Inácio Puga y Jeferson Ribeiro Salazar.
Son acusados de ofrecer ventajas desleales a Lutero Fernandes do Nascimento y Eduardo Cerqueira Leite, ambos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, para que las empresas del imperio Safra fuesen beneficiadas en tres procesos fiscales cuyos valores suman 1.800 millones de reales.
De acuerdo con el Ministerio Público, los sobornos habrían superado los 15 millones de reales. Señalado en la acusación como “receptor de los efectos de los actos corruptos”, el magnate Joseph Safra habría estado al tanto de las negociaciones y habría tomado decisiones de ajuste de los pagos.
Sobre el valor del bloqueo, el juez argumentó que es suficiente para “garantizar la sentencia” si son condenados.
La semana pasada, Valor informó que el Ministerio Público en Brasilia pretendía usar la ley anticorrupción para responsabilizar al Grupo Safra, a Bradesco y a otras empresas investigadas por Zelotes.
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