Admitir que podría ser inevitable solicitar la protección judicial por quiebra dejó de ser tabú para el holding que controla la constructora brasileña Odebrecht, investigada por pago de sobornos en varios países.
En conversaciones privadas entre altos ejecutivos y dos grandes bancos públicos de la nación, la empresa ya asume que ese es el futuro inevitable del grupo si su situación crediticia no mejora.
La brasileña está bajo presión por la crisis de liquidez del que era su principal negocio, Odebrecht Ingeniería y Construcción (OEC, su sigla en portugués) y por el volumen de compromisos que asumió en avales, garantías, contratos de soporte de capital y seguros con proyectos de las compañías que controla. La constructora, que históricamente siempre tenía más efectivo que deuda, reportaba en septiembre que los compromisos superaban en 6.000 millones de reales (US$ 1.942 millones) al saldo disponible.
Plan B ya está en marcha
“El plan A de la compañía aún es evitar pedir protección a la justicia, pero el plan B ya fue puesto en marcha”, dijo a Valor una fuente que participa de las conversaciones. Hace pocos meses, Odebrecht negaba con fuerza recurrir a la llamada recuperación judicial. No obstante, hubo un claro cambio de postura recientemente, señaló un interlocutor.
Cuestionada sobre el tema, la empresa afirmó que “continúa avanzando positivamente, con buena recepción del mercado, en el plan de reestructuración de algunos de sus negocios”.
La deuda líquida del holding era de 76.400 millones de reales a fines de junio. Con todo, el valor de una recuperación judicial del grupo es difícil de estimar. El monto que iría a la justicia no guarda relación directa con la deuda consolidada de la empresa. Aún se evalúa cuáles de sus subsidiarias serían arrastradas en una eventual solicitud judicial.
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