Ad portas que la Sala de la Cámara de Diputados discuta la moción parlamentaria que busca limitar la responsabilidad de los usuarios ante casos de fraudes en productos financieros (salvo dinero en efectivo, cheques y vales vista), el gerente general de la Asociación de Bancos, Ricardo Matte, da por primera vez sus aprehensiones respecto de la iniciativa legal con Diario Financiero.
El proyecto impulsado por senador Manuel José Ossandón –que se encuentra en segundo trámite constitucional– dispone que el emisor deba probar que las operaciones realizadas antes o después del aviso de extravío, hurto, robo o fraude, fueron autorizadas por el tarjetahabiente. Escenario que actualmente es en el sentido contario.
Otro de los aspectos que ha estado en el debate, es que la moción establece que el emisor del producto tiene un plazo de tres días para cancelar los cargos o restituir los fondos por operaciones posteriores al aviso o que el titular desconozca. A lo que se agrega que el tarjetahabiente puede desconocer las operaciones realizadas antes del aviso sin límite de tiempo.
Matte declara que "el proyecto de ley marcará un retroceso en el sistema de pagos".
Las razones que esgrime el ejecutivo del gremio bancario es que la iniciativa parlamentaria y que ha sido apoyada por el gobierno, "establecerá la responsabilidad de los fraudes única y exclusivamente en los emisores (bancos y no-bancos), reduciendo así los incentivos para que los distintos actores tomen las medidas de seguridad apropiadas para prevenir fraudes".
Matte apunta que esto "fomenta el riesgo moral, es decir, los distintos agentes – clientes, comercios, operadores, etc. – no tienen los incentivos para reducir el riesgo de posibles fraudes".
El gerente general de la Asociación de Bancos indica que la figura que se está tratando de establecer en Chile "rompe los equilibrios en el sistema de pagos y establece un marco atípico a nivel internacional".
De aprobarse el proyecto "las consecuencias directas serán un retroceso en el desarrollo de la industria financiera hacia la provisión de servicios transaccionales que permitan avanzar hacia una economía sin efectivo", advierte Matte.
Y es que según Matte, "el mundo está avanzando decididamente hacia sistemas de pagos sin efectivo, estableciendo marcos regulatorios coherentes con dicho objetivo, e incluso estableciendo medidas específicas para limitar el uso del efectivo".
El gerente general del gremio cree que "es necesario establecer si como país queremos avanzar hacia una economía sin efectivo, y una vez que se defina dicho objetivo, se deberá velar por un marco regulatorio coherente con dicho principio, discusión que ha estado ausente en el país, existiendo un claro retroceso en proyectos de ley como el de responsabilidad de fraudes".
La propuesta de la banca
A pesar de las aprehensiones que plantea, el gerente general de banca cree que el proyecto se puede perfeccionar para promover la seguridad de las operaciones financieras del sistema.
Para ello, Matte formula que se suprima "la obligación de cancelar los cargos o de restituir los fondos dentro de séptimo día. Dicha obligación es inconsistente con la experiencia internacional y, además, es imposible sostener que el emisor podrá obtener una sentencia firme o ejecutoriada en el plazo de siete días, más todavía cuando en uno de los casos, debe probar que el titular actuó con negligencia inexcusable".
El ejecutivo expone que la moción originada en el Senado "establece una verdadera hipótesis de responsabilidad objetiva para el banco, lo que contraviene manifiestamente nuestro régimen general de responsabilidad civil".
A modo de referencia, Matte explica que la Ley sobre Cuentas Corrientes establece que la pérdida del dinero pagado en razón de un cheque falsificado, corresponderá al librador (cuenta correntista) o al librado (banco), según sea la culpa o descuido que les sean imputables, sin perjuicio de la acción contra del autor del delito.
Matte aclara que de esta forma "se impone a los bancos la obligación de cancelar los cargos o restituir los fondos correspondientes sin atender a las circunstancias que originaron dicho fraude, no distinguiendo la responsabilidad que le compete al cliente, al banco o a los demás intervinientes –por ejemplo, filtración de información de los comercios", tal como pasó el año pasado en el caso de Correos de Chile.
El dirigente gremial dice que el proyecto de ley "hace responsable a los bancos aún en el caso que hayan actuado con la mayor diligencia en el cumplimiento de la regulación en materia de seguridad de las operaciones que se realicen en sus sistemas".
Con todo, Matte expresa "se deben garantizar los derechos de los clientes, pero permitiendo que se determine la responsabilidad de los distintos agentes involucrados en la cadena de pagos, sin afectar el principio básico de que la relación del cliente es siempre con su banco".
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