Mañana se cumple el plazo para que los actores de la industria de medios de pago puedan impugnar los límites a las tasas de intercambio (TI) que definió la semana pasada el Comité Técnico, instancia integrada por representantes nominados por el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Algunas entidades financieras no quedaron satisfechas con la decisión del Comité debido a que esperaban mayores cambios a las TI o bien un alza para las operaciones con tarjetas de crédito y prepago.
De cara a lo que podrían ser las apelaciones, los agentes del mercado están revisando minuciosamente las actas del Comité debido a que la decisión de bajar las TI no fue unánime ya que el jefe de la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Gastón Palmucci, votó en contra y realizó cuestionamientos al trabajo obrado por el Comité.
El jefe de la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Gastón Palmucci.
Según Palmucci, con los niveles de TI fijados se “reduce la competencia entre adquirentes para afiliar nuevos comercios y desincentiva la incorporación de más comercios”.
Palmucci cuestionó que la decisión de la mayoría del Comité “incrementa y prolonga la incertidumbre regulatoria en un mercado que requiere un anclaje de expectativas para su adecuado desarrollo competitivo, tanto entre emisores como en el segmento de adquirencia, y para los comercios y consumidores que finalmente pagan las TI”.
El funcionario también criticó los tiempos para la implementación de las nuevas TI y consideró que con las TI transitorias “ya es suficiente para haber evaluado sus efectos y adoptar de inmediato decisiones definitivas, que den señales firmes a los participantes”.
Apuntó que con la información disponible se “permite descartar que una baja más rápida y pronunciada de las TI efectivas pueda arriesgar la solvencia de entidades financieras”.
Palmucci agregó que “se está postergando nuevamente realizar un ajuste hacia niveles de TI que efectivamente balanceen tanto la emisión como la afiliación de comercios, y que incentiven el uso de tarjetas de pago en los segmentos de población que, si bien ya cuentan con al menos una tarjeta, por sus patrones de consumo no disponen de comercios donde usarlas con mayor frecuencia”.
Añadió que la decisión del Comité “no considera una proporcionalidad en la disminución de TI que resguarde la inclusión financiera y la competencia mediante niveles de TI máximas que incentiven la aceptación de los medios de pago electrónicos por los comercios que hoy no cuentan con ellos por su costo, limitando así las opciones de sus clientes”.
Las otras discrepancias
De acuerdo a las actas del Comité, Palmucci planteó que la metodología utilizada para alcanzar los niveles de TI máximas “se aparta de las mejores prácticas internacionales y no presenta justificaciones teóricas ni empíricas robustas”.
Otro punto que hizo ver el funcionario de la FNE es que la propuesta de la mayoría del Comité “no se hace cargo de la información disponible sobre impacto en afiliación de comercios y aceptación de tarjetas”.
Detalló que durante los períodos analizados, la cantidad de tarjetas emitidas siguió creciendo, aunque con bajo nivel de uso, evidenciando que menos de la mitad de ellas realizaron operaciones en un mes.
“Se ha apreciado de manera desbalanceada los objetivos que, por ley, debe considerar el Comité, dando mayor preeminencia a resguardar -supuestamente- la inclusión financiera y seguridad en el funcionamiento del sistema de pagos minorista -aunque sin justificar cómo ni de una manera correcta, según este disidente- respecto de los objetivos de competencia, fuerte penetración y eficiencia del mismo”, sostiene en el acta.
Según Palmucci, con los niveles de TI establecidos se “reduce la competencia entre adquirentes para afiliar nuevos comercios y desincentiva la incorporación de más comercios u ocasiones de compra al sistema”.
El perfil del economista
Gastón Palmucci fue designado como jefe de la División Antimonopolios de la FNE tras obtener el concurso llevado adelante por el Servicio Civil en el marco del sistema de Alta Dirección Pública, en diciembre de 2016.
Es economista de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina y posee un Ph.D. en Economía de la Universidad de Wisconsin-Madison (EE.UU.).
Se integró a la FNE en el año 2014, como jefe (s) de la División Abusos Unilaterales. Anteriormente, se desempeñó como economista en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) e investigador en el Population Health Institute de la Universidad de Wisconsin-Madison.
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