El procedimiento de dictación de las condiciones de competencia de los medios de pagos que lleva adelante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) sumó nuevos antecedentes.
Antes de cerrar 2021, Transbank ingresó un escrito donde expuso que "recibió una carta de una marca amenazando con la imposición de una multa escalonada de hasta US$ 150.000 si no cesaba de procesar las transacciones provenientes de procesadores de pago que están realizando subadquirencia transfronteriza".
Previamente, FinTech como Flow y Mercado Pago cuestionaron las restricciones impuestas por las marcas de tarjetas por realizar operaciones de subadquirencia transfronteriza, que permite actualmente adquirir en Chile –y pagar en pesos chilenos– las transacciones de plataformas de e-commerce como Amazon, Netflix, Spotify, Uber o Shein, entre otras
Los dardos apuntan contra las reglas estipuladas por Mastercard, Visa y Amex, que incluso prohíben en algunos casos la realización de la subadquirencia transfronteriza o realizan mayores cobros por éstas.
En el documento Transbank indicó que no descarta que otras marcas de tarjetas amenacen con multas para que cesen estas operaciones.
Afirmó que "las marcas la presionan para restringir o poner término a la subadquirencia transfronteriza por parte de algunos procesadores de pago afiliados a su red".
Ante esta situación, Transbank afirmó que "no se encuentra en posición de implementar las prohibiciones o restricciones a la subadquirencia transfronteriza impuestas por las marcas mientras no exista un pronunciamiento del Tribunal".
Agregó que es inusual el hecho de que "las marcas califiquen como transfronterizas las transacciones no presenciales provenientes de comercios que desarrollan e-commerce en forma internacional, en circunstancias que los productos y servicios se prestan en Chile, son pagados con tarjetas emitidas por emisores nacionales y deben enterar el IVA en nuestro país".
El esquema de reglas
Transbank aclaró que una transacción transfronteriza para Mastercard implica que el procesador de pago debe registrarse y pagar una tarifa asociada. Además, debe cancelar las tasas de intercambio y el costos de marca internacional o transfronterizo, que serían más altos que las tasas y costos locales. Esta estructura de tarifas no se encuentra sujeta a los límites que fijará prontamente el Comité para la Fijación de Límites a las tasas de intercambio.
En el caso de Visa y Amex, la calificación de una transacción como transfronteriza queda sujeta a la prohibición de ser adquirida por un procesador de pago o adquirente nacional, quedando dicha demanda reservada para los adquirentes o subadquirentes del mismo país en que se encuentra formalmente ubicada la respectiva plataforma de e-commerce.
De acuerdo a las estimaciones realizadas por Transbank, en el caso de Mastercard implica una serie de costos para los adquirentes y procesadores de pagos. Y añadió que están sujetos al recargo del 35% por el pago del impuesto adicional que deben soportar los procesadores de pago debido al hecho de que la marca se encuentra domiciliada en el extranjero".
Debido al aumento de costos por el procesamiento de estas operaciones transfronterizas, Transbank advirtió que "harían económicamente más gravoso el procesamiento de transacciones de este tipo de comercios por parte de los procesadores de pago nacionales, por cuanto dichos costos tendrían que ser traspasados al merchant discount que pagan las referidas plataformas de e-commerce".
Como consecuencia de ello, "comercios como Spotify o Uber, entre otros, probablemente optarán por los servicios de adquirencia más baratos de un adquirente ubicado dentro de su mismo país".
Transbank recalcó que, tras las amenazas de las marcas, "no tiene otra alternativa, bajo el criterio de optar por la interpretación más procompetitiva posible y de resguardo de la normativa de orden público, que seguir permitiendo la subadquirencia transfronteriza".
Todo ello, "con la anuencia de las marcas, hasta que las autoridades de libre competencia se pronuncien sobre la compatibilidad de dichas restricciones con la normativa chilena de libre competencia".
La mirada del gremio FinTech
Desde el FinteChile -gremio que reúne a las compañías tecnológicas financieras- sostuvieron ante el TDLC que si las reglas que imponen las marcas se mantienen, "tendría significativas consecuencias negativas para diversos actores de nuestra economía, incluyendo a los procesadores de pago, adquirentes y emisores locales y, más importante, para los usuarios y pagadores de los servicios prestados por comercios ubicados fuera del país, si es que tales reglas no tienen un correlato de racionalidad que sea acorde con la libre competencia".
No obstante, la asociación se abrió a que estas reglas "se establezcan bajo criterios generales, objetivos, no discriminatorios, viables y económicamente justificados, que rijan esta clase de decisiones".
Recalcaron que "las marcas de tarjetas no están por sobre la ley chilena y, por lo mismo, deben regirse a las normas y principios que rigen la libre competencia en nuestro país".
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