Ayer fue votado en el Senado el proyecto de ley de responsabilidad de los agentes del mercado. Con 25 votos a favor, la iniciativa quedó aprobada en general y en particular, a la espera del visto bueno de la Cámara de Diputados.
Si bien los alcances de este nuevo proyecto de normativa son diversos –incluyendo distintas industrias y funciones del sistema financiero–, uno de los puntos clave aprobado es incorporar a los asesores de inversión en el perímetro regulatorio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y traspasar la supervisión de las asesorías previsionales a la Superintendencia de Pensiones.
La votación del Senado se efectuó tras una serie de indicaciones de la Comisión de Hacienda de dicha Cámara.
Estas modificaciones sostienen que “se entenderá por asesorías de inversión la prestación, por cualquier medio, de servicios o la oferta de productos al público general o a sectores específicos de él, relacionados con la inversión en instrumentos financieros de cualquier especie”.
Quienes presten estos servicios tendrán la obligación de inscribirse en un registro creado por la CMF, la que también estará a cargo de determinar qué requisitos tendrá la inscripción y qué casos y protocolos se crearán en torno a la cancelación, todo a través de normas de carácter general.
Además, el regulador tendrá la prerrogativa de dictar normativas diferenciadas, “en atención a la naturaleza de los servicios o productos de inversión que ofrezcan al público, así como la cantidad de clientes que pudieren verse afectados”.
Quienes realicen este tipo de servicios sin estar inscritos en los registros correspondientes se enfrentarán a penas de presidio menor.
Asesorías previsionales
Pero no son sólo las asesorías de inversión las que verán un nuevo rayado de cancha, sino que también, las previsionales.
La propuesta legislativa dejó la supervisión de este tipo de asesores completamente en manos de la Superintendencia de Pensiones, sin la participación de la CMF.
Además, tras su paso por la Comisión de Hacienda, la iniciativa amplió el concepto de asesoría financiera más allá de la intermediación de seguros previsionales, incluyendo “las recomendaciones no personalizadas o realizadas al público o a sectores específicos de él” y acotando que “se considerará como asesoría previsional toda aquella que se preste en forma remunerada”.
La potencial normativa establece requisitos de capital para los asesores, con una garantía determinada por el regulador de pensiones, que no podrá ser menor a UF 500 ni mayor a UF 60.000.
La iniciativa también rebajó los honorarios máximos que pueden cobrar los asesores previsionales, bajándolos de 2% de los fondos de la cuenta de capitalización individual de los afiliados a un 1,5% del mismo.
Desde el Ministerio de Hacienda miran con buenos ojos el avance de este proyecto, que además establece mayores responsabilidades para auditores, directores y establece la esperada interconexión de las bolsas de valores.
Según destacó la coordinadora de Mercado de Capitales, Catherine Tornel, en entrevista con DF, la iniciativa “establece mayores responsabilidades para los agentes que participan en el mercado, otorga mayor protección a los accionistas minoritarios y mejora los gobiernos corporativos”. Estos elementos, agrega, “son esenciales para hacer de Chile un centro financiero regional”.
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